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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al resolver los recursos de apelación interpuestos por su defensa y la Procuraduría General de la Nación. En su fallo de segunda instancia, el alto tribunal concluyó que no existen pruebas documentales, testimoniales ni periciales que permitan responsabilizar al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión, emitida en la mañana del martes 21 de octubre, señaló además que la jueza 44 de conocimiento incurrió en omisiones procesales y no realizó una convalidación adecuada de las declaraciones rendidas por los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, así como de Deyanira Gómez.
De acuerdo con el Tribunal, esas falencias restaron validez a los testimonios presentados durante el proceso, lo que impidió sustentar una condena en contra del expresidente. Por tal motivo, la corporación consideró que no se configuraron los elementos necesarios para mantener la sentencia dictada en primera instancia.
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Interceptaciones telefónicas
El Tribunal ordenó excluir como prueba la interceptación a la línea telefónica de Uribe, al considerar que fue obtenida de manera irregular y vulneró su derecho a la intimidad. Según la decisión, las grabaciones se realizaron con fines distintos a los permitidos por la ley.
Sin embargo, la corporación determinó mantener las interceptaciones efectuadas entre el exmandatario y su entonces abogado Diego Cadena, realizadas por investigadores de policía judicial. Los magistrados rechazaron el argumento de la defensa, que alegó violación del principio de reserva profesional entre abogado y cliente.
El magistrado Manuel Antonio Merchán explicó que la exclusión de esas pruebas debía resolverse durante el juicio oral, bajo el principio de contradicción, y no de forma anticipada. De esta manera, el tribunal consideró que la valoración de dichas interceptaciones corresponde al desarrollo del proceso y no a una decisión previa.
Decisión sobre la nulidad del proceso
El Tribunal también analizó la solicitud de nulidad presentada por la defensa con base en la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que busca determinar si las pruebas derivadas de una actuación irregular deben ser anuladas. Tras la revisión, los magistrados concluyeron que en este caso “no procede la nulidad”, pues la jueza Sandra Heredia cumplió con la lectura de la sentencia de primera instancia en la audiencia correspondiente.
Con esta decisión, el Tribunal reafirmó la validez del procedimiento judicial adelantado contra el exmandatario.
Caso Carlos Enrique Vélez y otros testigos
En su decisión, la corporación también absolvió a Uribe del cargo de soborno en actuación penal relacionado con los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Eurídice Cortés Velasco, alias Diana. Según el expediente, la investigación señalaba presuntos pagos a Vélez por cerca de 60 millones de pesos, dentro de un supuesto plan para obtener testimonios favorables.
Asimismo, el Tribunal ratificó la absolución del exmandatario en el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve.
Recursos y actuaciones previas
El fallo responde a los recursos de apelación presentados por la defensa de Uribe y por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo contra la sentencia de la jueza Heredia, que lo había condenado en primera instancia.
En su apelación, la defensa —en un documento de 904 páginas— sostuvo que la condena contenía “errores de hecho y de derecho” y vulneraba la presunción de inocencia. El abogado Jaime Granados afirmó que Uribe nunca ordenó presionar testigos ni participó en maniobras dilatorias. También presentó una tutela, alegando que se violaron derechos fundamentales al ordenarse la privación de la libertad sin que la condena estuviera en firme.
Por su parte, la Procuraduría solicitó revocar la sentencia, señalando inconsistencias en la valoración de pruebas e interceptaciones telefónicas, y argumentando que el fallo se basó en suposiciones.
Antecedentes del proceso de Uribe
El caso se originó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y abrió una investigación contra el exmandatario por los mismos hechos. Desde entonces, el proceso atravesó varias etapas judiciales, incluidas dos solicitudes de preclusión negadas por la Fiscalía.
