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En medio de la conmemoración del Día nacional de la Memoria y las Víctimas del Conflicto Armado, la Contraloría General advirtió sobre riesgos y 'cuellos de botella', que han sido detectados en sus labores de vigilancia a los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas.
De acuerdo con ese organismo de control, entre el 2012 y el 2019 se detectaron posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones de pesos que son materia de investigación.
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En ese sentido, se realizó una auditoria financiera a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en la que se establecieron 11 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen incidencia disciplinaria.
Entre tanto, desde el 2020 y hasta la fecha, se están adelantando ejercicios de auditoría en la Unidad para la Víctimas y en el Banco Agrario, donde según la Contraloría hay posibles detrimentos patrimoniales por más de $6 mil millones en temas de vivienda rural para las víctimas.
Esa entidad alertó que la Ley de Víctimas está desfinanciada y calcula que hasta el año 2030 el Gobierno debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas , siendo las mayores inversiones en vivienda (cerca de $24 billones) y alimentación (por un monto similar).
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La Contraloría también ha advertido que los decretos étnicos se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos de los cuales solo el 10% ha sido reparado.
En cuanto a la auditoría de cumplimiento sobre indemnización administrativa, esa entidad estableció 18 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen incidencia disciplinaria y 1 es de carácter fiscal, con un presunto daño patrimonial calculado de $7,4 millones.
Frente al cumplimiento de los subsidios de vivienda rural entregados por el Banco Agrario de Colombia, se establecieron 23 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia disciplinaria y 11 tienen alcances fiscales, determinándose un daño patrimonial por un total de $5.531 millones. Se solicitó la apertura de seis indagaciones preliminares.
