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La Contraloría reiteró el llamado a la Superintendencia Nacional de Salud por el grave y progresivo deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, una situación que, según el órgano de control, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
Tras analizar las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado (ESE), la Contraloría concluyó que los riesgos advertidos hace dos años no solo persisten, sino que se han intensificado.
"El crecimiento acelerado de la cartera hospitalaria, los pagos tardíos o incompletos y el deterioro del flujo de caja han profundizado la crisis financiera de los hospitales públicos, afectando la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud", cita el informe.
También reseña que persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS (incluidas aquellas que se encuentran intervenidas), por servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Ante este panorama, el ente de control decidió reiterar formalmente la advertencia y vincular al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la problemática compromete de manera directa al rector del sistema, responsable del diseño, la regulación y la supervisión de los mecanismos de financiación y del flujo de recursos.
De acuerdo con cifras suministradas por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42% entre 2024 y 2025, al pasar de $4,5 billones a $6,4 billones. "Esta brecha entre lo facturado y lo pagado ha impactado la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos", indica la entidad.
A esto se suma un deterioro sostenido en la oportunidad de pago. En 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, lo que representó un cumplimiento del 84%. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se facturaron $16,3 billones y solo se pagaron $12,6 billones, equivalente al 77%, una caída de siete puntos porcentuales.
La reducción de los pagos afecta a toda la red hospitalaria pública. En el nivel I, el recaudo cayó del 85% al 81%; en el nivel II, del 80% al 74%, siendo el peor desempeño; y en el nivel III, del 87% al 76%, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de hospitales de alta complejidad y alto costo.
Aunque el giro directo de la ADRES aumentó en promedio mensual de $846 mil millones en 2024 a $1,076 billones en 2025 (un incremento del 27,2%), este aumento no se ha traducido en una reducción de la cartera hospitalaria. Por el contrario, la deuda de la red pública pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 30% en solo nueve meses.
Adicionalmente, la Contraloría advirtió una alta concentración del giro directo hacia prestadores privados, que recibieron el 67,7% de los recursos en 2025, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23,2%, evidenciando una distribución inequitativa del mecanismo de pago.
Desde el punto de vista del control fiscal, el ente alertó que las demoras en los giros aumentan el riesgo de desfinanciamiento institucional, afectan la eficiencia en el uso de los recursos públicos y podrían derivar en mayores presiones fiscales futuras para el Estado, configurando un posible daño patrimonial conforme al artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
La Contraloría hizo un llamado especial a la Nueva EPS, que continúa sin presentar estados financieros desde 2023, pese a los requerimientos reiterados del órgano de control. Según verificaciones realizadas con la ADRES, existen recursos de presupuestos máximos disponibles para ser girados a las IPS, cuya aplicación inmediata podría aliviar la situación financiera, especialmente en los hospitales de baja complejidad.
Finalmente, la Contraloría General de la República instó a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen el flujo oportuno de recursos hacia la red pública hospitalaria y eviten un colapso del sistema que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
