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La pobreza es una de las mayores problemáticas que sigue existiendo en Colombia, un difícil tema que se incrementó por cuenta de la pandemia de la covid-19.
De ahí que desde distintos sectores se busquen salidas a la penosa situación que afrontan a diario miles de familias que están en condiciones de vulnerabilidad.
Sobre el tema, en las últimas horas la plenaria de Senado aprobó en segundo debate un proyecto de reforma constitucional que establece el derecho de todas las personas a estar protegidas contra el hambre y la desnutrición.
Se trata de la reforma constitucional encaminada a que el Estado garantice la seguridad alimentaria y soberanía en la producción de alimentos en el país.
Ahora bien, muchos se preguntan de qué se trata y cuál es el verdadero alcance del proyecto que ha sido tan mencionado en las últimas horas.
La senadora Maritza Martínez Aristizábal, promotora de la iniciativa, dijo que con ésta el Estado tiene la obligación de desplegar políticas públicas integrales que permitan hacer frente a la grave situación que afronta el país en materia de inseguridad alimentaria.
Y es que, tras casi 2 años de haber iniciado la pandemia, hay miles de familias que siguen afrontando serias dificultades para acceder a las tres comidas diarias.
“De acuerdo con la más reciente Encuesta Pulso Social del DANE, para el periodo julio-septiembre de 2021, mientras que previo al inicio de la pandemia el 91,3 % de los hogares encuestados se encontraban en capacidad de acceder al desayuno, al almuerzo y a la comida, durante el trimestre estudiado solo el 70 % pudieron tener los alimentos suficientes para contar con una alimentación adecuada, lo que representa una caída de casi 20 puntos porcentuales en materia de seguridad alimentaria. Para hacerle frente a esta realidad, el Estado debe redoblar esfuerzos para afrontar esta grave problemática que consideramos riñe con la misma dignidad de la persona”, manifestó la Senadora.
Aunque el proyecto no busca establecer como obligatoria la provisión directa de los alimentos, si tiene como objetivo ser una de las estrategias del mismo Estado para combatir la desnutrición.
“Creemos que la alimentación puede garantizarse otorgando los medios y los conocimientos necesarios para que la ciudadanía pueda autoabastecerse de los alimentos, o contar con los recursos necesarios para acceder a ellos”, agregó Martínez.
A este acto legislativo le restan seis de ocho de bates para hacerse realidad en el país. Ahora debe hacer tránsito por la Cámara de Representantes.
