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La condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo sentencia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, ha generado diversas reacciones en el ámbito político distrital, especialmente entre integrantes del Concejo de Bogotá.
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del concejal Humberto ‘Papo’ Amín, quien expresó su desacuerdo con la decisión judicial y calificó la sentencia como desproporcionada.
“Yo no tengo nada que expresar en lo personal a la jueza Heredia, pero sí debo manifestar mi rechazo a esa sanción. Cuando hablamos de 12 años y una multa de cerca de 3 mil millones de pesos, estamos ante una medida totalmente desproporcionada”, señaló.
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Amín también calificó la condena como un “duro golpe a la democracia” y afirmó que este fallo representa un “trofeo político” para sectores de izquierda. “Sabemos que ese era el objetivo de quienes no han podido derrotar electoralmente al presidente Uribe”, añadió.
En contraste, la concejal Heidy Sánchez, de la Unión Patriótica, aseguró que el proceso demuestra que “nadie está por encima de la justicia” y descartó que se trate de una persecución política.
“Este no fue un proceso impulsado por una acción directa contra él. Fue un efecto boomerang, producto de una denuncia inicial del propio expresidente contra el senador Iván Cepeda, que derivó en su investigación”, explicó.
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Sánchez agregó que los seguidores de Uribe están en su derecho de manifestarse, siempre que lo hagan de manera pacífica y dentro del marco legal.
Por su parte, la concejal Donka Atannasova, del Polo Democrático, respaldó la decisión judicial y, a través de sus redes sociales, agradeció al senador Iván Cepeda por su papel en el desarrollo del caso. “Ganó la verdad, Iván Cepeda”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.
El caso Uribe marca un hito judicial en la historia reciente de Colombia. Las distintas voces del Concejo de Bogotá dan cuenta de la diversidad de perspectivas que existen frente al accionar de la justicia. Aun así, permanece el mensaje institucional a respetar los procesos judiciales que se apegan a la ley, sin presiones externas, y con garantías para todas las partes, como base para una democracia sólida.
