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Colombia vive este domingo una nueva jornada de protestas convocada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular contra las políticas gubernamentales que consideran no acordes a la voluntad de los habitantes de las zonas rurales de conseguir "la paz con justicia social y ambiental".
Los organizadores argumentan que el Gobierno no ha cumplido lo acordado en huelgas anteriores, como la de 2013, que paralizó las carreteras en buena parte del país.
El Ministerio del Interior lamentó esa decisión de la Cumbre Agraria, con quienes “se ha trabajado un promedio de 1.100 horas, manteniendo un diálogo permanente, que ha derivado en importantes resultados políticos y fiscales”, según indicó en un comunicado.
En este sentido, afirmó que el Gobierno “no ha ahorrado esfuerzos” para cumplir los compromisos suscritos en 2013.
Los sectores campesinos de Colombia han manifestado sus reivindicaciones en dos huelgas, una en agosto y septiembre de 2013 y otra en abril y mayo de 2014.
Tras esos paros llegaron a un acuerdo con el Gobierno para la celebración de reuniones frecuentes entre representantes del Estado y diferentes mesas regionales.
Desde entonces, los representantes campesinos han denunciado en varias ocasiones que el Gobierno no ha concretado en las reuniones respuestas a sus reivindicaciones.
Entre los temas que se negocian y han generado desacuerdos figuran aspectos como la sustitución de miles de hectáreas de cultivos de coca.
Sin embargo, el Gobierno afirmó que como muestra de la voluntad de diálogos se instaló la Mesa Nacional que hasta el momento ha realizado 18 reuniones plenarias.
Además se han instalado cinco mesas regionales en Arauca, Antioquia, el Catatumbo, Cauca y el sur de Bolívar en las que también ha reuniones frecuentes.
Asimismo, destacó que como consecuencia de los acuerdos logrados en esos espacios de negociación “se han comprometido más de 250.000 millones de pesos (unos 81,5 millones de dólares)” para el sector campesino.
El Ministerio del Interior agregó que durante este año se ha desarrollado “un seguimiento a las garantías para los integrantes de organizaciones de defensores de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que ejercen la protesta social”.
Por su parte, la Cumbre Agraria considera que la movilización, denominada “Sembrando esperanza, cosechando país”, es necesaria porque “las políticas del Gobierno ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la pervivencia física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano”.
Entre esas políticas destacan los Tratados de Libre Comercio, la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo código de la Policía, entre otros.
Por otra parte, los manifestantes piden al Gobierno garantizar la participación de las comunidades en la construcción de una reforma agraria que “redistribuya y democratice” la propiedad de la tierra en el país y “reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural”.
