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Durante el foro 'La primera infancia indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad', el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre las brechas que persisten en la atención a los niños y niñas indígenas del país.
“Aunque se han realizado esfuerzos importantes, persisten dificultades y deficiencias significativas para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos”, señaló Rodríguez.
Un estudio realizado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada, que evaluó la oferta de servicios de atención integral para la primera infancia indígena durante las vigencias 2023 y 2024, reveló que la niñez de estas comunidades enfrenta tasas de mortalidad por desnutrición entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional.
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Departamentos más afectados
La evaluación también incluyó un diagnóstico sobre la política pública dirigida a niños, niñas y adolescentes, en el que se analizó el desempeño de los entes territoriales en la garantía de derechos.
De acuerdo con el informe, los departamentos de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo registran los desempeños más bajos. Estas regiones coinciden con territorios de alta presencia de comunidades indígenas, lo que refleja un mayor rezago en la atención.
Según la información recogida por la Contraloría, el Censo Nacional de Población y Vivienda del Dane de 2018 registró 250.328 niños y niñas indígenas de 0 a 5 años, de los cuales 205.328 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción.
No obstante, el organismo advirtió que el Dane no cuenta con proyecciones actualizadas y que los censos del Ministerio del Interior están incompletos, lo que dificulta tener certeza sobre la magnitud de esta población.
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Esta falta de información —agrega el informe— limita la formulación y el seguimiento de políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de la primera infancia indígena.
Caso Pueblo Rico
La Contraloría también hizo seguimiento a la Sentencia T-187 de 2018, que ordena proteger los derechos de los niños indígenas del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en temas como salud, nutrición y acceso a agua potable.
“La Contraloría identificó avances parciales por parte de las entidades responsables, pero persisten fallas estructurales que reducen el impacto: la desnutrición infantil continúa siendo crítica y existen deficiencias en seguimiento, continuidad y articulación institucional”, indicó el contralor Rodríguez, quien añadió que es necesario que el Dapre refuerce su rol como ente articulador.
Finalmente, la Contraloría General hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los representantes de los pueblos indígenas a establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir los resultados de las políticas y modelos de atención dirigidos a esta población.
El objetivo concluyó el contralor, es “garantizar derechos y cerrar brechas en la primera infancia indígena”.
