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El proceso de extinción de dominio se realizó en una operación conjunta del Ejército, la Fiscalía y la Policía, en los municipios de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta.
Según el balance entregado por las autoridades, los bienes de alias 'Don Mario' fueron avaluados por 8.000 millones de pesos.
Uno de los predios intervenidos consta de 160 hectáreas, situado en zona rural de Puerto Camoa y avaluado en 1.346 millones de pesos.
Otra de las propiedades del narcotraficante, es una finca llamada 'La Trinidad' que consta de 290 hectáreas y esta avaluada en 1.740 millones de pesos.
También en la lista de bienes que pasaran a extinción de dominio esta la finca 'Los Remanzos' con una extensión de 65 hectáreas, avaluado en 1.638 millones de pesos.
Además las autoridades tomaron posesión del 'Rancho Santa Teresa' con una extensión de 140 hectáreas, avaluada en 2.275 millones de mil pesos.
Las extinciones de dominio en el Meta continuaron en Puerto López, sobre una construcción tipo vivienda ubicada en el barrio Centro de ese municipio, avaluada en 400 millones de pesos.
El procedimiento legal también se implementó en una construcción que constaba de dos viviendas ubicadas en el barrio Manacacías del municipio de Puerto Gaitán, Meta, avaluadas en 1.100 millones de pesos.
Estos predios pertenecían a Daniel Rendón Herrera, Alias 'Don Mario' ex integrante del extinto Bloque Centauros y fueron puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial Atención Reparación de Víctimas.
Otros operativos permitieron la incautación de tres bienes; dos casas y un hotel, que habrían sido parte de las riquezas que ostentaban las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada y los cuales están ubicados en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López (Meta), y cuyo valor comercial se estima en dos mil millones de pesos ($2.000’000.000)
Estos bienes fueron denunciados durante las versiones libres de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, desmovilizado de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, quien fuera comandante de la estructura.
Dentro de las labores de investigación adelantadas por la Fiscalía se logró determinar que desde las fincas pertenecientes al Bloque Centauros, ese reducto criminal manejaba asuntos administrativos y de logística.
Las medidas cautelares sobre los bienes fueron ordenadas por un magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá y hacen parte de los resultados de las investigaciones priorizadas por parte de la Dirección de Justicia Transicional en materia de persecución de bienes del paramilitarismo.
Las propiedades ya están en poder del Fondo para la Reparación a las Víctimas, encargada de administrar los bienes. El siguiente paso se relaciona con la solicitud de la extinción de dominio de dichos inmuebles.
