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En un informe realizado por la Universidad de Medellín sobre los recientes ataques contra el Ejército colombiano, en distintas regiones del país, desde el alma mater aseguran que estos no son hechos aislados, sino el reflejo de una crisis profunda que amenaza con agravarse.
El coordinador del programa de Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, Jorge Iván Avendaño Mesa, considera que estas situaciones serán cada vez más frecuentes, al menos hasta que se produzca un cambio de gobierno.
Avendaño Mesa asegura que la violencia se acrecienta debido a la presencia consolidada de grupos armados ilegales en territorios donde el Estado ha perdido el control.
“La proliferación de cultivos ilícitos, impulsada por la suspensión de las fumigaciones, ha permitido que se consolide una economía paralela basada en el procesamiento de la hoja de coca. Esta actividad ilegal ha crecido de forma acelerada y ha sido protegida por organizaciones criminales que, además de controlar el territorio, utilizan a la población civil como escudo humano para enfrentar a la fuerza pública”, aseguró el docente.
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De acuerdo con el informe, la falta de política clara por parte del Estado para luchar contra los grupos ilegales armados ha generado que la criminalidad se dispare, que esas zonas estén protegidas por los grupos armados y que los grupos armados utilicen a la población civil como escudo y envíen a la población casi que de manera sostenida a que enfrenten a la fuerza pública y a que eviten los procedimientos que desarrolla la fuerza pública y a que se den este tipo de conductas como los secuestros, la retención ilegal de los uniformados”, detalló el docente.
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Sobre las recomendaciones, el académico planteó que revertir esta crisis requerirá medidas estructurales. Entre ellas, recuperar la supremacía aérea perdida, retomar las fumigaciones como estrategia de contención, reemplazar las economías ilegales por alternativas legales sostenibles.
“También hay que apoyar a la fuerza pública colombiana, los procedimientos, el cumplimiento de la ley y, obviamente, la mejora presupuestal en equipos, tecnología y capacidades logísticas que tanto requieren las fuerzas militares para ingresar a lugares apartados de la geografía nacional”, concluyó.
