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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre los cambios en la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), los cuales podrían ocasionar exclusión de ayudas y subsidios para cientos de miles de colombianos.
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Basada en un análisis del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Defensoría expresó preocupación por las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la nueva categorización del sistema.
"La actualización ha implicado que 20,8 millones de personas, el 60% del total del Sisbén, hayan visto su información impactada por la nueva categorización. De especial preocupación es el hecho de que 1,7 millones de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que realmente haya cambiado su situación, por lo cual es necesario que la aplicación del mecanismo sea rigurosa, para no afectar a los ciudadanos", indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Según el análisis, 732.740 hogares salieron de la clasificación de pobreza extrema, mientras que 446.141 hogares fueron reclasificados desde la pobreza moderada. Sin embargo, la preocupación surge al observar que 615.526 hogares fueron cambiados a la categoría de vulnerables, lo que supone un aumento del 19,7%.
"El reajuste en la categorización podría significar que hogares anteriormente considerados como en situación de pobreza, los cuales, por ende, tenían acceso a programas de apoyo y subsidios estatales, ahora pueden estar excluidos de los beneficios, pese a que sus condiciones de vida no hayan experimentado una mejora sustancial que justifique su salida de los programas de asistencia", señaló Camargo.
Defensoría hace llamado al Gobierno
Para la Defensoría del Pueblo, es imperativo que el Estado colombiano realice la implementación con un tiempo razonable, estableciendo mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto real de la recategorización del Sisbén en las condiciones de vida de los hogares afectados.
Además, se deben implementar políticas de transición, garantizar un sistema de apelación eficiente y realizar campañas de información amplia y efectiva.
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"Instamos al Departamento Nacional de Planeación y a las entidades gubernamentales involucradas a considerar las consecuencias humanas y económicas de las actualizaciones en los sistemas de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales", enfatizó el defensor del Pueblo.
