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Siguen apareciendo nuevos detalles de la investigación que adelanta la Superintendencia de Transporte por el accidente del bus que se precipitó a un abismo en las vías del nordeste antioqueño. En el hecho viajaban más de 37 personas; 17 perdieron la vida y 20 resultaron heridas.
De acuerdo con el superintendente de Transporte, Alfredo Piñares, el día del siniestro el vehículo transportaba 39 pasajeros. Según el informe técnico, el bus tenía capacidad para 40 personas, por lo que operaba al 97 % de su ocupación permitida.
Las investigaciones también revelaron que el vehículo ya había estado involucrado en otros incidentes en años anteriores, algunos de ellos con personas lesionadas. A esto se suma que, según el reporte de la Superintendencia, el bus no contaba con cinturones de seguridad, lo que evidencia graves irregularidades en sus condiciones de operación.
Ante estos hallazgos, Piñares reiteró que la entidad actuará con la máxima severidad frente a cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad vial y envió un mensaje contundente a los organismos de tránsito: “Quien juegue con la vida de los ciudadanos enfrentará las sanciones más estrictas que permite la ley”.
Finalmente, desde la Superintendencia de Transporte no se descarta que el accidente haya sido provocado por un microsueño del conductor; sin embargo, serán las investigaciones las que determinen con certeza las causas del siniestro.
Familias de víctimas demandarían al Estado
Son múltiples los interrogantes que persisten entre las familias de los 16 jóvenes que murieron en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño, hecho en el que también perdió la vida el conductor del bus.
Aunque hasta el momento no se han esclarecido las causas reales de este siniestro vial, expertos jurídicos han comenzado a señalar las posibles vías legales que tendrían los familiares de las víctimas para buscar justicia y reparación.
Una de las alternativas, según el abogado y penalista Óscar Santamaría, sería interponer una demanda contra el Estado colombiano, en caso de que se logre establecer responsabilidad por el mal estado de la vía donde ocurrió el accidente.
La segunda opción corresponde a una demanda de responsabilidad civil en contra de la empresa propietaria del bus, proceso que podría derivar en una indemnización económica para las familias afectadas.
