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El Gobierno colombiano firmó el decreto 2271 de 2023 para avanzar en la gratuidad de la educación, regulando su implementación en programas de pregrado en instituciones públicas. El objetivo es eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa, promoviendo la equidad poblacional y territorial. Aunque se considera la gratuidad vital para el desarrollo del país, aún persisten desafíos que necesitan soluciones efectivas.
Según el rector del CEIPA, Diego Mazo, un experto en educación, el sistema educativo enfrenta tres problemas fundamentales que no se han contemplado adecuadamente en el desarrollo de la ley de Gratuidad en Colombia. Estos desafíos incluyen limitaciones en la cobertura para atender a la creciente demanda de estudiantes, falta o disparidad de recursos en las instituciones de educación superior (IES) públicas nacionales y la falta de pertinencia educativa frente a las necesidades actuales del mundo y las empresas.
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Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, basado en cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) del Ministerio de Educación, reveló que el 52% de los aspirantes a ingresar a instituciones de educación superior públicas no logran obtener un cupo.
Diego Mazo cuestiona si la nueva ley realmente fomentará la equidad o intensificará la desigualdad en el acceso a la educación. “Para nadie es un secreto que en los últimos años, los resultados de los estudiantes de 11 en las Pruebas Saber ha disminuido, y esto, se nota mucho más si hacemos una comparación entre instituciones privadas y públicas o en aquellas que están en la urbe o en la ruralidad, lo que sería un límite para las poblaciones que estudian en estos espacios”, y agrega que esta ley puede llegar a generar una presión mucho más grande sobre las instituciones públicas al no existir una suficiente cobertura.
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Las universidades públicas en Colombia se financian a través de aportes directos del gobierno y la generación de recursos propios. Sin embargo, la fórmula establecida por la Ley 30 de 1992 no ha cumplido con aumentar las transferencias nacionales, lo que provoca un desajuste presupuestario que afecta la calidad educativa, la infraestructura y otros gastos universitarios.
“La garantía de la calidad educativa es esencial para el éxito de la gratuidad en la educación superior. La falta de recursos y la necesidad de mantener estándares académicos elevados crean un dilema que requiere estrategias financieras sólidas y políticas educativas bien diseñadas”, destaca el rector del CEIPA, Diego Mazo.
