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La Corte Constitucional aceptó para estudio de fondo una tutela que busca impulsar la defensa de Derechos Humanos, como el habeas data y la libertad de locomoción, en el mundo digital.
El caso es de tres mujeres que por diferentes razones tuvieron que tomar vuelos nacionales, una vez se reabrieron en época de pandemia y bajo lo nuevos protocolos de bioseguridad.
Lo que cuenta la tutela es que las autoridades aeroportuarias en diferentes escenarios del vuelo les exigieron el uso de la aplicación CoronApp, como un requisito para acceder a las instalaciones de los aeropuertos.
Ellas señalan que con esa exigencia las autoridades aeroportuarias les violaron su derecho al habeas data y a la libertad de locomoción, pues se vieron obligadas a entregar datos muy personales entre ellos su estado de salud, lugar de origen y destino, y detalles del vuelo como la hora de partida y llegada.
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“Para una de las tutelantes, por su situación de riesgo y por el ejercicio de su profesión como periodista, la entrega de esta información personal y sensible supuso un sacrificio mucho más elevado en tanto que la entrega de datos sobre su ubicación, trayectoria y destino final puede, eventualmente, configurar una afectación a su secreto profesional”, explica la tutela.
La Fundación para la libertad de prensa, Karisma y otras organizaciones, coadyuvaron el recurso ante la Corte, cuestionado la recopilación de esa información en una aplicación gubernamental. “Diferentes autoridades públicas que en el marco de los mentados protocolos de bioseguridad condicionaron el acceso a las instalaciones aeroportuarias, al uso y descarga de una tecnología digital que captura datos personales y sensibles de las personas, CoronApp”, indica una coadyuvancia.
La decisión que pueda tomar la Corte Constitucional permitiría aclarar el alcance de un derecho fundamental en el contexto de la pandemia y su ejercicio frente a las medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno.
La tutela fue impulsada por la congresista Juanita Goebertus, la periodista Claudia Julieta Duque y las ciudadanas Alejandra Martínez, Sol Marina de la Rosa. El estudio del caso quedó en manos del magistrado Alejandro Linares.
