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El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió provisionalmente el Decreto 182 de 2026, con el que el Gobierno nacional ordenó un remezón en el sector salud y el traslado de unos tres millones de pacientes a la intervenida Nueva EPS.
Daniel Montero Betancur, magistrado de la Sala Tercera, encontró que la entidad administrada por el Estado sería el único operador sanitario en 502 municipios, casi la mitad de todos los de Colombia, "sin que esté autorizada otra EPS para prestar sus servicios".
Un auto de 29 páginas detalla que, preliminarmente, existen dudas sobre la "razonabilidad y proporcionalidad" del acto administrativo, que a su vez expone "una inconsistencia estructural del modelo de aseguramiento".
El tribunal verificó que habría un "perjuicio irremediable" si se concretaba el traslado sin verificar la "capacidad de atención" de la Nueva EPS.
"Podría dar lugar a un colapso de la entidad y resultados catastróficos que podrían significar, incluso, afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables", señala uno de los apartes del auto.
El Decreto 182 seguirá detenido hasta que el tribunal decida de fondo una acción popular que interpuso Víctor Raúl Palacio Bohórquez, miembro de la Asociación de Usuarios de Sanitas, otra EPS que el Gobierno intervino hasta que en septiembre de 2025 la Corte Constitucional se la devolvió al grupo empresarial Keralty.
Un esquema "regresivo"
Palacio demandó al Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, alegando una amenaza de los derechos e intereses colectivos.
Los cálculos en el expediente prevén que el decreto traslade a cerca de seis millones de usuarios entre EPS, entre los que se encuentran 2,6 millones de usuarios que caerían a la Nueva EPS.
"El decreto no solo rediseña el aseguramiento con un enfoque territorial y poblacional restrictivo, sino que consolida un esquema totalmente cerrado, refractario a la competencia, regresivo y propenso a la concentración", dijo el magistrado Moreno.
Los colegios médicos de Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca y Bogotá, habían advertido de la reorganización del esquema sanitario del Decreto 182. Nueva EPS habría acaparado unos catorce millones de usuarios mientras permanece en una vasta crisis.
"Resulta preocupante porque la EPS, que actualmente se encuentra bajo manejo del Gobierno nacional desde abril de 2024, viene presentando un deterioro en indicadores financieros y de calidad, situación evidenciada en quejas, tutelas y reportes publicados por entidades de control”, indicaron.
Actualmente, el gobierno del presidente Gustavo Petro, con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud, administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Los reclamos contra Nueva EPS no paran
La Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio 'Así Vamos en Salud', que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, 8.000 más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
El 8 de enero la Defensoría del Pueblo advirtió de "un alarmante aumento" en la "dispensación inoportuna de medicamentos" de Colsubsidio, que hasta diciembre del año pasado tenía un contrato para entregarles medicamentos a más de 1,6 millones de afiliados de Nueva EPS.
Con un mensaje en su cuenta de X, la entidad que lidera Iris Marín reiteró un "llamado urgente" a la Superintendencia de Salud y al agente interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves, "para que brinden información clara, oportuna y verificable".
Decenas de pacientes han reportado interrupciones en la atención, procedimientos suspendidos, cancelación de citas y canales virtuales que no les facilitan el acceso a medicamentos o tratamientos esenciales. La participación estatal no ha provocado mejoras.
