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La Procuraduría General de la Nación recibió el 14 de abril un asolador informe de la Superintendencia de Salud. El documento, de diecinueve páginas, denuncia irregularidades en la intervención de la propia superintendencia en Nueva EPS.
Antes de la intervención a una EPS o su prórroga, se requiere un informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, una instancia técnica de la Superintendencia que supervisa la gestión de riesgos de las EPS.
Luego, el Comité de Medidas Especiales, también de la Superintendencia pero más interdisciplinario, lanza un concepto a partir de deliberaciones. El 10 de abril, una semana después del fin de la intervención a Nueva EPS, el Comité sesionó.
El sector sanitario y la opinión pública se mantenían a la expectativa sobre el futuro de la entidad de salud más grande del país, que atiende a más de once millones de usuarios y que desde el 3 de abril no tenía interventor ni gerente.
La superintendente ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, manifestó su decisión de prorrogar la toma forzosa. El Comité, por unanimidad, se opuso, precisamente porque no existía ningún pronunciamiento de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
Decisiones que ignoraron al Comité y al debido proceso
De hecho, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud advirtió que el proyecto de resolución de Múnera "presentaba inconsistencias relacionadas con el debido proceso".
El mismo 10 de abril la Superintendencia expidió la resolución que ordena intervenir a Nueva EPS, que descarta la postura del Comité y dice que en la sesión "se decide la toma de posesión e intervención forzosa administrativa".
"La superintendente ad hoc acoge las recomendaciones del Comité de Medidas Especiales frente a la adopción de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa", insiste la Resolución 2026100000003814-6.
Múnera, que ya no será superintendente ad hoc porque Daniel Quintero será superintendente de Salud, omitió todos los requisitos y aseguró que en el 10 de abril el Comité le recomendó un "mecanismo excepcional" para designar a un interventor.
Fue así como Jorge Iván Ospina, el médico, exalcalde de Cali y excongresista, llegó como delegado del Ejecutivo. Sin cumplir los requerimientos. De acuerdo con un memorando de la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, Ospina no acredita una experiencia mínima de tres años en el nivel directivo o asesor de entidades del sector salud.
Un nombramiento cuestionado y sin los requisitos exigidos
Tampoco con los dos años de experiencia adicional en asesoría o dirección en el sector. Y, aunque cuenta con un título de médico cirujano, no es suficiente. Su calificación era de "riesgo alto".
"El proceso de intervención recientemente adelantado a Nueva EPS se aparta del principio de debido proceso administrativo", concluye la Superintendencia, y añade que la medida "desconoce lo dispuesto en el proceso de control de toma de decisiones de esta Superintendencia, particularmente en lo relacionado con la necesidad de contar con insumos técnicos".
Por norma, si la intervención de una EPS no da buenos resultados en dos años, lo que procede es su liquidación, salvo que la autoridad de inspección, vigilancia y control —la superintendencia— autorice una prórroga si las circunstancias lo justifican: "situación que no ocurrió".
"Ante la ausencia de acto administrativo que sustentara la prórroga de la medida de intervención, la Nueva EPS quedó jurídicamente sin medida", sostiene el oficio de la Superintendencia para la Procuraduría.
En entrevista con La FM, Ospina señaló que su objetivo principal es, precisamente impedir que Nueva EPS sea liquidada. Hay que “esclarecer claramente las cuentas por pagar, a quién se le debe pagar y cuáles son”, dijo. “Si mi perfil no cumple para liderar una EPS, entonces yo no sé qué tipo de perfil demandan”, añadió.
¿Superintendente contra Superintendencia?
La carta para la Procuraduría fue proyectada por Mónica Núñez, asesora del despacho de la Superintendencia de Salud; Diana García, coordinadora del Grupo Jurídico de la Dirección de Medidas Especiales; Nubia Melo, coordinadora del Grupo Técnico Científico de la misma dirección; Kendal Veloza, coordinadora del Grupo Financiero, también de la Dirección; el propio director de Medidas Especiales, José Edison García, y Liliana Gracia Ruiz, directora de Inspección y Vigilancia de Entidades de Aseguramiento en Salud.
Edilma Marlén Suárez Castro, superintendente Delegada para entidades de Aseguramiento en Salud, revisó el oficio, lo firmó y lo envió al despacho del procurador general, Gregorio Eljach, y de la procuradora delegada para Asuntos civiles, Mónica Andrea Ulloa. La Resolución 2026100000003814-6, la de la intervención y el nombramiento de Jorge Iván Ospina, fue revisada, aprobada, firmada y expedida por una sola persona: Luz María Múnera.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y Bernardo Camacho como superintendente saliente, reemplazado por Daniel Quintero— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
