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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por tres meses, a Laín Eduardo López Martínez, el interventor de la EPS Asmet Salud desde noviembre de 2025. El Ministerio Público resalta un presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a los más de 1,5 millones de afiliados de la entidad.
El Gobierno nacional intervino Asmet Salud en mayo de 2023. La Superintendencia de Salud argumentó graves fallas en sus servicios y en el manejo de recursos, y prorrogó la toma forzosa de la administración en 2024 y 2025, así que la medida va al menos hasta mayo de 2026, pero no podrá continuar con López al mando.
Asmet Salud ha tenido cinco interventores además de Laín López: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar. La Procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa abrió una investigación contra todos y contra el suspendido López.
Desde que el Ejecutivo tomó posesión de la EPS, han incrementado las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), las tutelas y los desacatos. El ente de control busca establecer las razones por las que existe “un importante deterioro de la sostenibilidad financiera de la entidad”, de acuerdo con un boletín oficial.
El 96% de los usuarios de Asmet pertenece al régimen subsidiado. Preliminarmente, la Procuraduría ha constatado un aumento en la siniestralidad —gastos de atención médica que superan los ingresos—, contratación irregular, disminución del patrimonio y una “precaria e ineficiente atención”. El ente de control revisará varias pruebas.
López es el cuarto interventor del gobierno de Gustavo Petro apartado provisionalmente de su cargo. Una semana atrás, la Procuraduría suspendió a Alexander Mesa Romero, encargado de la EPS Coosalud desde el mismo remezón novembrino en el que el superintendente Bernardo Camacho nombró a López.
El manejo financiero y administrativo de las EPS que la Procuraduría investiga
El Ejecutivo tomó el control de Coosalud en noviembre de 2024. La Superintendencia de Salud, que un año después ratificó la intervención sobre la junta directiva y los bienes de la entidad, alegó espinosas deficiencias administrativas y financieras, como el posible desvío de más de 200.000 millones de pesos.
Coosalud, a partir de entonces, ha pasado por cinco interventores: Mauricio Camargo, Gloria Libia Polanía, Carlos Eduardo Franco, Julio César Piñeros y Alexander Mesa. Todos están bajo la lupa de la Procuraduría, pues habrían incumplido sus funciones como delegados estatales para superar la crisis, que no ha mejorado.
En 2024, el año de la intervención, Coosalud acaparaba 81.072 PQRS. Al cierre de 2025 la cifra fue de 107.252, un aumento del 32%. Las tutelas pasaron de 16.771 en 2024 a 20.216 en 2025, un incremento del 21%. Y las cuentas por cobrar fueron de 66,18 mil millones de pesos a 274,7 mil millones.
“Los propósitos planteados con la intervención, al parecer, no se habrían cumplido luego de más de un año de haber adoptado las medidas encomendadas por la Superintendencia”, señaló la Procuraduría en un auto. “Varios aspectos administrativos y económicos habrían desmejorado significativamente”, zanjó.
Mesa, Piñeros, Franco, Polanía y Camargo están llamados a declarar de manera voluntaria en medio de la investigación que la Procuraduría abrió en su contra. Entre las pruebas para avanzar en el proceso, el Ministerio Público les pidió informes a la Contraloría y la Adres sobre la plata girada a Coosalud.
La Corte Constitucional reportará el número de tutelas presentadas en 2024, 2025 y hasta el 31 de enero de 2026, sobre el derecho a la vida, la salud, la dignidad y la integridad de los usuarios de Coosalud, detallando cuántas están en desacato. Si Mesa sigue en su cargo, “puede continuar incumpliendo sus funciones”.
La intervención estatal no mejora los indicadores
A inicios de marzo la Procuraduría abrió otras dos investigaciones clave. Una, contra tres exinterventores y un interventor de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), y otra, contra tres exinterventores y un interventor de Savia Salud. El gobierno de Petro administra ambas, y tanto sus deudas como sus quejas han desorbitado.
El exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal anunció la intervención de SOS en abril de 2024, aduciendo serias fallas financieras y de atención a sus más de 750 mil usuarios. La idea, expresó el Ejecutivo en su momento, era fortalecer la entidad y garantizar la continuidad del servicio en Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Risaralda.
Tras la medida, la superintendencia nombró a Carlos Marino Escobar Vásquez como representante legal. La Procuraduría abrió una investigación en su contra en marzo de 2025 por presuntas irregularidades en la administración de los fondos del sistema de seguridad social asignados a Servicio Occidental.
De acuerdo con la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 hubo una diferencia de 455 millones de pesos entre la plata de la EPS y las deudas por pagar. El Ministerio Público empezó a investigar a los interventores de SOS, Asmet Salud y Emssanar.
La Superintendencia de Salud sacó a Carlos Escobar de SOS en noviembre de 2024 y nombró a Carlos Eduardo Franco Muñoz. Ahora la Procuraduría Primera para la Vigilancia Administrativa los investiga a ambos, y también a Sergio Andrés Gil Celis, el sucesor de Franco, y al actual interventor, Carlos Betancur Castañeda.
Betancur —suspendido tres meses—, Gil, Franco y Escobar “han ocasionado el deterioro de la sostenibilidad financiera, el incremento de la siniestralidad y los pasivos, y el decrecimiento del patrimonio de la EPS”, reprocha el órgano de control, que le dio diez días a la Superintendencia de Salud para remitir un informe sobre SOS.
El Gobierno mantiene el control sobre ocho EPS en crisis
El Gobierno empezó a intervenir a Savia Salud en junio de 2023, la EPS más grande de Antioquia —con más de 1,6 millones de afiliados—. La Superintendencia mantuvo una medida de vigilancia especial por seis años, pero, aun así, recaía en varias fallas, como entrega de medicamentos y mala atención.
Ha tenido cuatro interventores: Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y William Humberto Salgado Gamboa, quien la administra desde noviembre de 2025 y a quien la Procuraduría suspendió. Todos están procesados por la Procuraduría Cuarta para la Vigilancia Administrativa.
Rodríguez Villamizar, Rodríguez Posso, Gálvez y Salgado habrían incumplido “las funciones y obligaciones impuestas como agentes especiales”, sostuvo el Ministerio Público. Sus negligencias “han ocasionado el deterioro de la prestación del servicio de salud a los afiliados”, además del aumento de PQRS, tutelas y desacatos.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud.
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más que los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS y casi el total de los 3,35 millones de Coosalud.
