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El modelo de salud que el gobierno de Gustavo Petro le prometió al magisterio marca una distancia notoria entre el mayor sindicato docente de Colombia, afín a la administración de izquierda y sus reformas sociales, y el Ejecutivo. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a un paro.
Decenas de profesores marcharon este miércoles, 15 de abril, por la crisis que generan la falta de articulación entre las autoridades, los gastos que superan los ingresos y las dudas en la contratación. “Nos movilizamos para defender la salud, la vida, la educación pública y los derechos del magisterio”, dice una imagen de la convocatoria.
Mientras los docentes protestaban incluso bajo la lluvia —como en Quindío, con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Suteq—, la Procuraduría General de la Nación se pronunció. El Ministerio Público llamó la atención del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), una cuenta especial de la Nación.
Las quejas de los maestros y sus familias han sido recurrentes desde el primero de mayo de 2024, el Día del Trabajo en el que el Gobierno nacional inició la transición hacia el nuevo modelo de salud con el Fomag, administrado por la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora), adscrita al Ministerio de Hacienda.
El Fomag ha caído en “incumplimientos” y una “deficiente prestación del servicio” de salud para los docentes, advirtió la Procuraduría en un comunicado este miércoles. El ente de control expresó su “preocupación” porque persisten las “fallas en el esquema de contratación de la red de prestadores”, lo que causa “incertidumbre”.
Además, el Fondo no ha actualizado los contratos formales para el esquema sanitario, sino que opera “mediante actas de continuidad o instrumentos precontractuales que podrían traer riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales”. La “ineficiencia” se traduce en incremento de quejas y dificultades en entrega de medicamentos.
Fallas en contratación y prestación del servicio
La Procuraduría les pidió a las directivas del Fomag y de la Fiduprevisora que entreguen soportes financieros e informes detallados de la contratación de la red de prestadores de servicios de salud desde 2024 hasta 2026, ante las fallas en los trámites de citas médicas, en el transporte de pacientes y en la “prestación oportuna de servicios”.
No es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia por el modelo de salud docente. En diciembre del año pasado formuló un pliego de cargos —es decir, llamó a juicio disciplinario— al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, porque aparentemente no ha cumplido su deber de asesorar al Fomag.
El jefe de carta debía ser parte de la asistencia técnica para la administración de los recursos para la salud, las pensiones y las cesantías que debe ejecutar la Fiduprevisora, pero ahí también ha fracasado. La Sala Disciplinaria de Instrucción emitió un auto de 87 páginas que resalta la “inobservancia del cuidado que debía prestar”.
La Procuraduría indagó a nueve personas por el trance en el esquema sanitario de los profesores. Solo se libró de un juicio el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, porque la Sala consideró que sí cumplió con sus funciones, a diferencia de las demás afectadas con el largo pliego de cargos.
Aparte de Jaramillo, la Procuraduría llamó a las exministras Aurora Vergara, de Educación, y Gloria Inés Ramírez, de Trabajo, además del exministro Ricardo Bonilla, de Hacienda. Eran miembros del consejo directivo del Fomag, el órgano de gobierno que tomaba las decisiones clave del Fondo.
Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, representantes del sindicato docente Fecode en el Fomag, también se exponen a sanciones disciplinarias, al igual que Magda Giraldo, presidenta de Fiduprevisora entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, y Jhon Mauricio Marín Barbosa, su antecesor.
Juicio disciplinario al ministro y las exministras por la crisis de salud del magisterio
El ministro Jaramillo, quien encara asimismo un incidente de desacato en la Corte Constitucional por no ajustar correctamente la unidad de pago por capitación (UPC) para las EPS, no advirtió de la incapacidad de la Fiduprevisora para operar el mecanismo de salud del magisterio.
Antes del mayo de 2024 "la Fiduprevisora, presuntamente, no contaba con las capacidades técnicas y jurídicas para su operación, teniendo en cuenta la tardía aprobación del manual de contratación" y la "imposibilidad" de adelantar negociaciones, narró la Procuraduría en diciembre del año pasado.
La asesoría de Jaramillo para el manual tarifario "presuntamente presentó falencias", lo que provocó que las IPS acogidas al modelo prestaran servicios sin autorización previa y con facturas bajo el pago por evento a la tarifa SOAT plena, implicando costos más elevados para prestadores.
"Permitir la prestación de los servicios y la entrega de medicamentos sin previa autorización, y a tarifas que previamente no estaban definidas, denota la presunta falta de planeación en la definición del régimen tarifario", sostuvo la Sala de Instrucción, con ponencia del delegado Esiquio Sánchez.
Tres procuradores delegados concluyeron que las fallas son responsabilidad del consejo directivo del Fomag, de "la indebida asesoría del Ministerio de Salud" y de "la falta de respuesta de la Fiduprevisora", así que Jaramillo, Vergara, Ríos, Bonilla, Arroyo, Camacho, Giraldo y Marín deben responder.
El jefe de la cartera de Protección Social "no fue diligente en la dirección, coordinación y seguimiento a las labores de asesoría que prestaba el Ministerio de Salud a los miembros del consejo directivo del Fomag y a la Fiduprevisora" en la implementación del modelo.
Decisiones del Fomag y responsabilidades en el colapso del sistema
La Procuraduría calificó la falta de Jaramillo como "grave", porque afectó la prestación del "servicio esencial" de salud del profesorado, y por "la jerarquía" y el "mando" que tenía como "cabeza del sector administrativo de salud".
Aurora Vergara, Gloria Inés Ramírez y Ricardo Bonilla, por su parte, habrían incurrido en una falta disciplinaria al establecer los lineamientos para la contratación de los servicios de salud del magisterio sin garantizar la operación oportuna del sistema.
El Fomag aprobó el manual de contratación el 26 de abril de 2024, una semana antes de la entrada en vigor del modelo. Dos días después avalaron y recomendaron una red de proveedores sin verificar si cumplían los requisitos para la prestación del servicio.
Dos días antes del primero de mayo ya había acuerdos suscritos, sin agotar la etapa de negociación y sin definir un manual tarifario. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) estaba a cargo de girar el dinero necesario y auditar las cuentas, pero sin firmar un convenio con la Fiduprevisora.
"No actuaron con la debida diligencia y eficiencia para lograr la efectiva prestación del servicio de salud de los afiliados del magisterio, de tal suerte que las decisiones que adoptaron condujeron a que se afectara la continuidad del servicio", reprochó la Procuraduría.
El ente de control calificó su falta como "gravísima". "Con sus acciones y omisiones condujeron a la interrupción del servicio de salud de los beneficiarios del régimen de excepción del magisterio", insiste el auto, refiriéndose también a Georgina Arroyo y Christian Rey.
