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Jorge Arturo Lemus Montañez fue el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) entre marzo de 2025 y enero de 2026. En casi un año al frente de la cuestionada entidad sucesora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), su administración estuvo cargada de escándalos que meses después le pasan factura.
Presentó su renuncia irrevocable el 14 de enero. Aquel miércoles cumplía casi dos meses esquivando las implicaciones de la presunta infiltración de las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, en varios sectores del Estado, como el Ejército y la DNI. La Procuraduría General de la Nación abrió este jueves una investigación.
La Sala Disciplinaria de Instrucción le reprocha a Lemus un “presunto abuso de sus funciones”, porque aparentemente le ofreció beneficios judiciales al abogado de Diego Marín, el señalado zar de contrabando conocido como ‘Papá Pitufo’. “¿Qué hay que hacer como Estado para que él venga y, pues, responda?”, le dijo Lemus a la defensa.
El abogado y el exdirectivo —que saltó de la DNI a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a la que recientemente renunció— sostuvieron dos reuniones en 2025. Los encuentros se enmarcaron en la política de ‘Paz Total’, con la que el gobierno de Gustavo Petro negocia con criminales a cambio de aportes a la justicia.
Jorge Lemus, el punto de encuentro de ‘Pitufo’ y Thomas Greg
Marín, al parecer, tiene “información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro”, según el Ministerio Público, que se basó en las confesiones de Luis Felipe Ramírez, el representante de ‘Pitufo’. El señalado contrabandista está a la espera de su extradición desde Portugal.
Noticias Caracol reveló audios de las reuniones. Lemus, posteriormente, le explicó a la prensa que graba todas sus conversaciones y que tuvo autorización del jefe de Estado. La Procuraduría le pidió a la Fiscalía informar si adelanta alguna investigación penal por los audios. En caso de que sí, vendrá una inspección disciplinaria.
Entre las pruebas decretadas, el Ministerio Público ordenó inspeccionar la sede de la DNI y la del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), “para verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín Buitrago”, de acuerdo con un comunicado.
No es el único alboroto que envuelve a Lemus y la DNI. La Sala de Instrucción abrió una indagación previa contra “funcionarios por determinar” de la Dirección por “presuntas interceptaciones telefónicas ilegales” al abogado Abelardo de la Espriella, hoy candidato presidencial, e informes de inteligencia con esas comunicaciones.
Las grabaciones se basan en una conversación entre De la Espriella y los hermanos Felipe y Camilo Bautista, los principales accionistas de la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la logística de las elecciones y de la expedición de los pasaportes colombianos ininterrumpidamente desde 2007 hasta abril de 2026.
“Determinar presuntos responsables”
El presidente Petro trinó sobre los informes criticando al procurador general, Gregorio Eljach, por los esfuerzos del ente de control para anular el nuevo modelo de libretas: “No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”.
Según el mandatario, que no ha presentado apartes del mentado informe, el candidato y los empresarios intercambiaban “la devolución del contrato de pasaportes a sus manos” a cambio “de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella”. Petro lleva meses denunciando sin pruebas un fraude electoral.
La Procuraduría llamó a declarar a Wilmar Mejía, un exdirectivo de la DNI que habría filtrado información a las disidencias de ‘Calarcá’. En medio de una investigación, el Ministerio Público lo suspendió por tres meses de su cargo, pero no prorrogó la medida cautelar. Mejía es delegado del Gobierno en la Universidad de Antioquia.
Mejía escribió en su cuenta de X que un juez ordenó interceptar “unos abonados telefónicos” sin nombrar directamente a De la Espriella. La Fiscalía, luego, revisó más de trece mil intervenciones autorizadas por jueces y concluyó que ninguna involucra al aspirante de la derecha. La Procuraduría busca “determinar presuntos responsables”.
