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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para averiguar posibles responsables del presunto manejo irregular de los fondos en las EPS Coosalud, Servicio Occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS, pues según una denuncia de la Superintendencia de Salud, parte de los recursos financieros de estas entidades habrían sido desviados hacia paraísos fiscales.
Según el informe de la Superintendencia de Salud, se habrían identificado graves irregularidades en la administración de los fondos de estas empresas, pues la denuncia incluye la sospecha de que algunos de los recursos fueron canalizados hacia destinos fuera del alcance fiscal del país, lo que generó dudas sobre la destinación de esos dineros.
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En el marco de la investigación, varias personas fueron señaladas como posibles implicadas en los hechos entre los que se mencionó a Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud, así como a Tony Negrete e Indira Ocando, quienes según informes, habrían actuado como intermediarios entre las EPS y las empresas de auditoría del sector salud.
La Procuraduría indicó que estos individuos pudieron haber facilitado el acceso a información crítica que permitió la desviación de recursos. Con el fin de esclarecer los hechos, la delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría solicitó a la Superintendencia de Salud la entrega de información, sobre las auditorías realizadas a las empresas señaladas.
La Superintendencia de Salud había realizado una revisión exhaustiva de las cuentas de las EPS, en la que se evidenciaron las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos.
La Procuraduría explicó que el informe también incluyó pruebas documentales que sustentaban las sospechas de un manejo inapropiado de los recursos públicos.
El organismo buscará esclarecer la magnitud del posible desvío de fondos y determinar si existieron actos de corrupción en el manejo de los recursos del sistema de salud. La investigación continúa y podría extenderse a otros actores del sector salud involucrados en estos hechos.
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Por ahora, las autoridades han dejado claro que seguirán adelante con el proceso judicial para garantizar que se sancione cualquier acto que atente contra los recursos públicos y el bienestar de los ciudadanos.
