La decisión se materializó a través de la Resolución 460 del 13 de mayo de 2026. Esta resolución pretende asegurar la protección de este ecosistema, del que depende el suministro de agua para más de 180 mil habitantes en la zona.
De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Ambiente, esta acción atiende los compromisos pactados con las comunidades campesinas del Páramo de Almorzadero después de las protestas que se llevaron a cabo el 21 de octubre de 2024.
La Ministra de Ambiente, Irene Vélez, habló sobre la importancia de este páramo para las comunidades campesina locales y como esta declaratoria busca reforzar la protección de la flora en esta zona al oriente del país.
Protección ambiental y defensa de derechos
“El páramo es un territorio hídrico del que depende su biodiversidad endémica, así como las actividades tradicionales de campesinos y campesinas, y el aprovisionamiento de agua de las poblaciones vecinas”, aseguró la ministra Vélez.
Precisó que "esta resolución avanza en la construcción de confianza para la protección ambiental y la defensa de los derechos de las comunidades en Santander y Norte de Santander".
El Ministerio de Ambiente afirmó que la declaración no altera los usos que se le da al suelo actualmente ni obstaculiza las prácticas agrícolas, ganaderas, turísticas que ya se llevan a cabo en la región.
Conservación de las prácticas tradicionales
Aseguró que esta acción vela por la conservación de las prácticas tradicionales de las comunidades rurales, como la agricultura, la ganadería a pequeña escala, el ecoturismo, la recolección de recursos forestales para uso familiar y la pesca, siempre que se desarrollen buenas prácticas medioambientales.
La cartera reafirmó la prohibición de abrir nuevas actividades mineras en el área.
La reserva tendrá una duración inicial de cuatro años, que se podrá extender por dos años adicionales. Durante este tiempo, no se podrán conceder nuevas licencias mineras ni aumentar la zona de la agricultura.
Esta área protegida abarca más de 151 mil hectáreas distribuidas en 17 municipios entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, estableciendo conexión con los sistemas de páramo de Cocuy y Santurbán-Berlín.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿En qué consiste la declaratoria como área de protección ambiental en el páramo de Almorzadero?
El Páramo de Almorzadero fue declarado oficialmente como reserva de protección mediante la Resolución 460 de 2026, con el fin de salvaguardar el suministro de agua para 180 mil personas. Esta medida del Ministerio de Ambiente abarca más de 151 mil hectáreas en Santander y Norte de Santander, en una zona de conservación que prohíbe nuevas licencias mineras y la expansión de la frontera agrícola por un periodo inicial de cuatro años.
¿Cómo afecta esta resolución las actividades agrícolas y ganaderas en el páramo de Almorzadero?
La protección del Páramo de Almorzadero no alterará los usos actuales del suelo ni obstaculizará las prácticas tradicionales de las comunidades rurales locales. Según la ministra Irene Vélez, actividades como la agricultura a pequeña escala, la ganadería y el ecoturismo podrán continuar desarrollándose, siempre y cuando se realicen bajo estándares de buenas prácticas medioambientales y respeten la biodiversidad endémica de este ecosistema hídrico.
¿Qué municipios y departamentos integran la nueva zona de reserva?
La Resolución establece un área protegida que se extiende por 17 municipios distribuidos entre Santander y Norte de Santander; conecta ambientalmente con los sistemas de Santurbán-Berlín y El Cocuy. Esta decisión administrativa busca generar confianza con las comunidades campesinas tras los compromisos pactados en 2024 y asegura que el territorio mantenga su función vital como proveedor de recursos hídricos y forestales para uso familiar.
¿Cuáles son las restricciones de minería en el páramo de Almorzadero, tras la decisión del Minambiente?
La minería en el Páramo de Almorzadero queda estrictamente limitada por la nueva normativa, la cual reafirma la prohibición de iniciar nuevas actividades de extracción en la zona. Durante la vigencia de la reserva, que podría extenderse hasta por seis años, el Gobierno Nacional blindará el ecosistema contra la entrega de títulos mineros adicionales, prioriza la defensa de los derechos de las comunidades y la preservación de la flora y fauna en esta región.