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Una historia de terror, que permaneció oculta tras las paredes de una vivienda en Ibagué, salió a la luz tras la valiente denuncia de una joven de 17 años.
Según el relato de la víctima, desde que tenía 8 años fue sometida a un ciclo de abusos sistemáticos por parte de su padrastro, presuntamente bajo la mirada cómplice y el silencio de su propia madre.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que la joven vivió casi una década de vejámenes que incluían maltrato físico, traslados bajo coacción a moteles y múltiples abortos clandestinos producto de las agresiones.
Los detalles entregados por las autoridades son estremecedores. Se conoció que, desde el año 2016, la madre no solo permitía las agresiones de su compañero sentimental, sino que el hombre grababa los abusos para chantajear a la menor y generarle humillación.
Un infierno bajo llave
Además, se recolectaron evidencias de que la joven era encerrada y encadenada dentro de la casa cada vez que sus captores descubrían que tenía amigos, privándola por completo de su libertad y su entorno social.
El coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó que la contundencia de las pruebas permitió la captura inmediata de la pareja.
"Gracias a la denuncia se logró poner fin a este ciclo de violencia", señaló el oficial.
Tras las audiencias, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos implicados. Mientras tanto, la joven ha sido puesta bajo protección estatal para iniciar un proceso de restauración de derechos y atención psicológica especializada.
"Los menores no denuncian porque los silencian"
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, expresó su profundo rechazo ante este caso que indigna a la capital tolimense, lamentando que la tortura se prolongara por tantos años debido al miedo y al silencio.
"Hacemos un llamado a toda la población a ser solidaria, empática y estar atentos a situaciones atípicas en los barrios. A veces nuestros menores no denuncian porque los silencian", enfatizó la mandataria.
El prontuario del horror
Una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) les imputó una larga lista de delitos que reflejan la gravedad del caso:
- Acceso carnal violento agravado.
- Actos sexuales con menor de 14 años.
- Pornografía con menores de 18 años.
- Tortura agravada y violencia intrafamiliar agravada.
- Aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.
Pese a las evidencias, los procesados no aceptaron los cargos, pero deberán enfrentar el juicio desde la cárcel.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Desde cuándo ocurrían los hechos?
La violencia sistemática comenzó en el año 2016, cuando la víctima tenía apenas 8 años de edad. El ciclo de tortura y abusos se prolongó por casi una década, terminando apenas en 2025 tras la denuncia de la joven.
¿Cuál era el papel de la madre en el caso?
Según la Fiscalía, la madre de la menor actuaba como cómplice presunta, permitiendo las agresiones sexuales de su compañero sentimental y facilitando el encierro y encadenamiento de su propia hija para evitar que tuviera contacto con el mundo exterior.
¿Qué medidas tomó la justicia contra los agresores?
Tras ser capturados por la Policía Metropolitana, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Se enfrentan a una lista de más de siete delitos agravados que, de ser hallados culpables, representarían penas ejemplares.
¿Cómo se encuentra la víctima actualmente?
La joven de 17 años está bajo la protección de las autoridades competentes, recibiendo atención integral de la Red de Primeros Auxilios Psicológicos de la ciudad para iniciar el proceso de restauración de sus derechos y tratamiento tras los años de tortura.
