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La superintendente de Notariado y Registro, Goethny García, confirmó que el cese de actividades en 40 de las 195 de las oficinas de registro en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Ibagué, Cali, y algunas en Boyacá convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado (Sintranore), ya completa siete días.
En diálogo con RCN Radio, la funcionaria indicó que "están en paro cerca de 400 trabajadores del sindicato, en 40 de las 195 oficinas de registro que hay en el país", al tiempo que agregó que ya hizo la solicitud para que se declare ilegal este paro.
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En ese sentido, García señaló que los trabajadores del sindicato se oponen a la modernización de la entidad, argumentando que se trata de una privatización.
"Lo que ellos alegan es que la modernización es privatización y varias mesas que hemos tenido se les ha explicado que no ", precisó la superintendente.
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Manifestó que para mitigar un poco el impacto de los retrasos en los trámites, se está disponiendo un procedimiento que saldrá a más tardar este viernes 12 de noviembre, lo que permitirá que todos los actos puedan ser radicados de la notaría directamente a la Superintendencia de forma digital.
En cuánto a la falta de personal, la funcionaria señaló que "estamos al día en personal, ya se abrieron concursos y están en trámite, yo no puedo nombrar a la gente a dedo ".
El sindicato
Por su parte, Deiby Villamizar, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado (Sintranore) afirmó que no ven disposición de diálogo por parte de la superintendencia, a sus exigencias en materia laboral.
"Desde un principio, la superintendente no ha querido conversar con los trabajadores, esto ha sido difícil.Aquí la realidad es que por un criterio de ella, que no se pone en nuestros zapatos, se está extendiendo el paro más de lo que debía", dijo.
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Agregó que los retrasos no dependen solo del paro, sino que venían de tiempo atrás. "Así no hubiese paro, los servicios de la entidad estarían demorados. No hay quien le tome copia a las escrituras, son más de 300 personas a las que no se les ha renovado sus contratos y la superintendente no hace nada ".
En ese sentido, Villamizar señaló que contrario a lo que dijo la supernotariado, no se oponen a la modernización. "Lo que pasa es que aquí la modernización la han convertido en tercerización. La primera razón es que desde el 2017 se tercerizó la expedición de los certificados de libertad, a través de unos convenios donde le venden a unas firmas los certificados a $13.000 y estas se los venden a los ciudadanos a $22.000. Incluso en las oficinas de notariado, no se pueden expedir dichos certificados a fin de garantizar el trabajo a estas firmas", dijo.
Concluyó que "no confundimos la modernización con la tercerización y el aumento de los costos a los ciudadanos", puntualizó.
