Los derechos que tienen las familias cuando un extranjero fallece trabajando en Colombia

La muerte de un trabajador extranjero en Colombia no solo es una situación difícil para sus familiares, sino que también se debe seguir una serie de procedimientos legales que deben cumplir el empleador, las autoridades y las entidades del sistema de seguridad social.

Aunque la persona fallecida no sea colombiana, la ley tiene algunas vías para proteger a sus beneficiarios y permitirles acceder a las prestaciones económicas que correspondan.

Lo que determina el procedimiento no es la nacionalidad del trabajador, sino si existía una relación laboral formal y si el empleador cumplió con la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales.

Cuando la persona muere mientras trabajaba, intervienen tanto las autoridades laborales como la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para establecer qué fue lo que pasó y definir las prestaciones a las que haya lugar.

La legislación colombiana señala que todo trabajador con contrato laboral debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, sin importar el país del que provenga. Por eso, cuando un ciudadano extranjero fallece mientras trabaja en Colombia, su familia no queda automáticamente desprotegida, siempre que se hubieran realizado las afiliaciones y cotizaciones exigidas por la ley.

Qué debe hacer el empleador tras el fallecimiento

Después de conocerse el fallecimiento, la empresa debe informar el caso a la ARL dentro de los plazos establecidos cuando se trata de un accidente grave o mortal. También tiene la responsabilidad de conservar toda la documentación relacionada con el contrato, las afiliaciones al sistema de seguridad social y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Entre las principales actuaciones que debe realizar el empleador se encuentran:

• Reportar el accidente o el fallecimiento a la ARL.
• Informar la situación a la EPS y a la administradora de pensiones.
• Facilitar la investigación sobre las causas del hecho.
• Entregar a los familiares la documentación necesaria para reclamar las prestaciones que les correspondan.

Si la muerte ocurrió por una causa que no tiene relación con el trabajo, el trámite cambia. Sin embargo, la familia aún puede tener derecho a recibir prestaciones derivadas del sistema pensional o al pago de salarios pendientes, vacaciones, cesantías y demás derechos laborales que el trabajador hubiera causado.

Cómo cambia el proceso según la causa del fallecimiento

Uno de los primeros aspectos que se analiza es si el fallecimiento fue de origen laboral o de origen común, ya que de esa diferencia depende qué entidad asumirá las prestaciones económicas.

Se considera que la muerte tiene origen laboral cuando ocurre durante la jornada de trabajo, mientras el empleado cumple órdenes del empleador, desarrolla funciones propias de su cargo o como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral reconocida.

En estos casos, la ARL es la encargada de reconocer las prestaciones correspondientes, entre ellas el auxilio funerario, la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios y las indemnizaciones previstas dentro del Sistema General de Riesgos Laborales.

Cuando el fallecimiento es por una causa común, es decir, sin relación con la actividad laboral, las prestaciones dependen principalmente del sistema pensional. Si el trabajador cumplía con las semanas de cotización exigidas por la ley, sus familiares podrán solicitar la pensión de sobrevivientes.

Sin importar cuál haya sido la causa de la muerte, el empleador debe cancelar los salarios, prestaciones sociales y demás pagos que estuvieran pendientes al momento del fallecimiento.

Qué derechos tienen los familiares del trabajador extranjero

La ley en Colombia reconoce que los familiares de un trabajador extranjero también pueden acceder a las prestaciones derivadas de una relación laboral formal.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran el cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de edad, los hijos estudiantes dentro de los límites legales, los hijos con discapacidad y, cuando corresponda, otros familiares que demuestren dependencia económica.

Para iniciar las reclamaciones normalmente se requiere presentar:

• Registro civil de defunción.
• Documentos que acrediten el parentesco.
• Copia del contrato de trabajo o certificación laboral.
• Soportes de afiliación al sistema de seguridad social.
• Documentos de identidad de los beneficiarios.

Si los familiares viven fuera de Colombia, pueden otorgar un poder a un abogado o representante para que adelante los trámites ante la ARL, la administradora de pensiones o el empleador.

Cuando existen dudas sobre las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento o sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales, el Ministerio del Trabajo puede intervenir mediante labores de inspección, vigilancia y control.

Durante esas actuaciones, la autoridad puede verificar si existía un contrato laboral, si el trabajador estaba afiliado a la seguridad social, si la empresa cumplía con las normas de seguridad y salud en el trabajo y si hubo incumplimientos que puedan dar lugar a sanciones administrativas. Estas actuaciones son independientes de los procesos civiles o penales que la familia decida iniciar.

La muerte de un ciudadano extranjero también implica algunos trámites adicionales ante las autoridades civiles y, en muchos casos, la participación del consulado de su país de origen.

El consulado puede brindar apoyo para obtener documentos de identificación, contactar a los familiares, orientar sobre la repatriación del cuerpo o de las cenizas y facilitar la traducción o legalización de documentos cuando sea necesario.

No obstante, los costos de ese procedimiento no siempre son asumidos por el empleador, ya que dependerán de la existencia de una póliza, de beneficios contractuales o de la cobertura que corresponda según el caso.

Dependiendo de las circunstancias del fallecimiento, los familiares pueden solicitar diferentes prestaciones económicas. Entre las principales están:

• Salarios pendientes: deben ser pagados directamente por el empleador.
• Cesantías e intereses a las cesantías: corresponden al empleador o al fondo de cesantías, según el caso.
• Vacaciones causadas y no disfrutadas: son responsabilidad del empleador.
• Auxilio funerario: puede ser reconocido por la ARL o por el fondo de pensiones, dependiendo de si la muerte fue de origen laboral o común.
• Pensión de sobrevivientes: la reconoce la ARL cuando el fallecimiento es de origen laboral o la administradora de pensiones cuando se trata de una muerte por causa común y se cumplen los requisitos legales.
• Indemnización por riesgo laboral: aplica en los casos previstos por el Sistema General de Riesgos Laborales y está a cargo de la ARL.

Cada una de estas prestaciones tiene requisitos y procedimientos específicos, por lo que reunir toda la documentación desde el inicio puede facilitar el proceso y evitar demoras.

Otro punto importante es la afiliación al sistema de seguridad social. Si el empleador no cumplió con esa obligación pese a estar legalmente obligado, podría enfrentar sanciones del Ministerio del Trabajo, el cobro de aportes dejados de pagar, la responsabilidad por las prestaciones que debió asumir el sistema y posibles demandas laborales por parte de los beneficiarios.

¿La familia de un trabajador extranjero puede reclamar prestaciones en Colombia?

Sí. La legislación colombiana reconoce derechos a los beneficiarios de un trabajador extranjero siempre que existiera una relación laboral formal y se hubieran cumplido las condiciones establecidas para acceder a las prestaciones correspondientes.

¿Quién responde cuando la muerte ocurrió mientras el trabajador estaba laborando?

Cuando el fallecimiento es calificado como de origen laboral, la ARL debe asumir las prestaciones previstas por la ley, como el auxilio funerario, la pensión de sobrevivientes y, cuando corresponda, las indemnizaciones establecidas en el Sistema General de Riesgos Laborales.

¿Qué pasa si el empleador no afilió al trabajador a la seguridad social?

Si el empleador incumplió esa obligación, puede enfrentar sanciones administrativas y responsabilidades económicas, además de responder por las prestaciones que debieron ser cubiertas por el sistema de seguridad social.