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La crisis del sector salud en Colombia vuelve a la Corte Constitucional. El alto tribunal adelantará una audiencia que funcionará como “mesa técnica” para debatir sobre la unidad de pago por capitación (UPC), el monto que el Estado les paga a las EPS por cada afiliado. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está citado.
Cuatro meses atrás, la Corte abrió un incidente de desacato contra el jefe de cartera, y le pidió a la Fiscalía y la Procuraduría investigar los “incumplimientos” de Jaramillo a las órdenes de ajustar la UPC.
Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, exdefensor del pueblo y parte del ala más conservadora de la Sala Plena, la Corte emitió un auto de 49 páginas que expone que el Ministerio de Salud se rehúsa a obedecer las órdenes de la justicia.
La Corte abrió un incidente de desacato en su contra porque "persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC". Y aunque el auto compulsa copias a la Fiscalía, también cuestiona su labor.
El tribunal más poderoso del país emitió nueve órdenes en total. La tercera de ellas, que la cartera sanitaria "acredite técnicamente la suficiencia del valor de la unidad de pago por capitación" tanto en el régimen contributivo como en el subsidiario, sin basarse solamente en la inflación.
Jaramillo y el ministerio tenían tres meses para formular un "plan inmediato de acciones en salud" que delimite qué problemas tiene el actual sistema de salud, qué estrategias plantea el Gobierno, cómo pretende implementarlas y cómo podría evaluarlas o ajustarlas.
Una sentencia histórica con órdenes aún incumplidas
Además de Carlos Camargo, la decisión de la Corte tiene las firmas de Vladimir Fernández, quien aclaró su voto —es decir, estuvo de acuerdo con las órdenes del auto, pero no del todo con su justificación, o viceversa—, y de Miguel Polo Rosero, parte del sector más liberal.
Los togados son parte de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, uno de los fallos más decisivos en la historia de la Constitucional. La Corte reconoció a la salud como un derecho fundamental e identificó fallas medulares que el Estado debe superar.
Pese a que el alto tribunal lleva diecisiete años impartiendo directrices y exigiéndoles a varias entidades que tengan un papel más activo en el esquema de atención a pacientes y prevención de enfermedades, "la mayoría de órdenes estructurales aún no se cumplen", según un comunicado.
"Las políticas públicas del Gobierno nacional no han respondido de manera adecuada ni eficaz a los problemas estructurales identificados en la Sentencia T-760 de 2008, toda vez que persisten deficiencias" en las finanzas del sistema, añadió la misiva.
El balance de la Corte es alarmante. Las tutelas por la atención sanitaria han aumentado. En 2023 la justicia recibió poco más de 197 mil acciones de amparo, mientras que en 2024 el dato fue de más de 265 mil, lo que significa un incremento de un 34%.
Y en 2025 la cifra solo creció, incluso sin que el año haya terminado. La mayoría de estrados saldrán de vacancia judicial en una semana, pero la atención de tutelas, como defiende derechos fundamentales, no se detiene. A 14 de noviembre de 2025 las demandas eran más de 270 mil.
Quejas por medicamentos y fallas en el cálculo de la UPC
Las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) por medicamentos tampoco frenan. Nueva EPS, Compensar, Mutual Ser y otras quince EPS —entre las veintinueve que operan en el país— reportaron en los últimos dos años más de 622,6 mil PQRS buscando medicinas.
Para la Corte, en el país persiste "la ausencia de implementación adecuada de la política pública en salud". El Ministerio de Salud se ha basado principalmente en la inflación para aumentar la UPC, alegando que las entidades prestadoras de salud no rinden cuentas honestamente.
Sin embargo, usar el índice de precios al consumidor como criterio único es "una decisión técnica limitada que no corresponde a la realidad operativa, epidemiológica y financiera del sistema de salud". O sea que no es suficiente para que el esquema sanitario funcione.
"La Corte evidencia fallas metodológicas en la estimación de la UPC" en 2025, así que insistió en que la cartera de Protección Social debe adoptar "mecanismos robustos, transparentes y auditables" para que la unidad de pago "refleje adecuadamente las realidades".
Camargo, Fernández y Polo le solicitaron a la Fiscalía y al Ministerio Público iniciar investigaciones disciplinarias y penales, y que "ejerzan con mayor rigor y oportunidad sus funciones". La Superintendencia de Salud tendrá que adoptar "un rol activo y verificable".
La Procuraduría también se pronunció en diciembre. El ente de control emitió un informe de siete páginas que documenta más de veinte investigaciones disciplinarias por desabastecimiento de medicamentos, barreras de acceso a servicios y malversación de recursos.
La Procuraduría alerta por el deterioro y los déficit del sistema
Según el organismo, Colombia ha experimentado "un deterioro progresivo" en la estructura del sistema de salud, "lo cual pone en riesgo las vidas de muchos colombianos". La intervención del Gobierno a Nueva EPS no contuvo el costo de servicios, que representó hasta el 121% de sus ingresos.
Para el Ministerio Público, incluso, la crisis de la salud era un argumento sólido para la emergencia económica que el Gobierno decretó en diciembre del año pasado y que la Corte Constitucional tumbó —también con una ponencia de Camargo— el 9 de abril.
Un escrito de cuarenta páginas firmado por el procurador general, Gregorio Eljach, se adhirió a quienes califican la emergencia como inexequible, como la Defensoría del Pueblo, pero advirtió de la necesidad de preservar sus efectos en la financiación de la salud.
El Ministerio Público afirmó que la plata para la unidad de pago por capitación es fundamental. Eljach, además, calificó como “urgente y necesario” que “el andamiaje estatal” cumpla los fines del Estado, como garantizar el derecho a la salud.
A finales del año pasado, Camargo y la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 abrieron un incidente de desacato por la insuficiencia en la Unidad. En 2025 la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social (Adres) destinó $88,4 billones a la UPC, y en 2026 proyecta girar $101 billones.
La siniestralidad —la relación entre costos e ingresos— que reportaron las EPS es de 109,5%, lo que implica un déficit presupuestal de unos $5,95 billones. A ello se suma la diferencia de 7,6% entre el aumento del promedio de la UPC para el régimen contributivo y para el régimen subsidiado.
Ajustes insuficientes y presión sobre el Gobierno
El ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues "subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores", relató la Defensoría en febrero. Una de las justificaciones del Gobierno para la emergencia económica era, precisamente, cumplir las órdenes de la Corte en el pago a las EPS.
La Defensoría defendía ese alegato: “La garantía del derecho a salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables, enfrenta un escenario crítico”. La Procuraduría, por su parte, considera que “optimizar la prestación del servicio de salud” sin duda contribuirá a garantizar los derechos fundamentales de las personas.
A pesar de las intervenciones de la Superintendencia de Salud, por las que el Gobierno actualmente administra ocho EPS, “las graves falencias persisten”. “Tan solo lo relacionado con la prestación del servicio de salud agravada por la crisis fiscal supera los presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia”, señaló Eljach.
La Corte no estimó que la UPC fuese una premisa sólida para el estado de excepción. “La necesidad de recursos adicionales para su cumplimiento obedece a una problemática persistente y conocida, cuya atención correspondía a los mecanismos ordinarios de política pública, presupuestal y legislativa”, apuntó.
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no será el único representante del Gobierno en acudir a la Corte. La Sala de Seguimiento también convocó a su homólogo de Hacienda, Germán Ávila, y a representantes de gremios del sector sanitario que pueden influir en la superación de la deficiencia de la UPC.
La expectativa por la sesión desembocará en protestas al frente del Palacio de Justicia de parte del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (Sindess), un sector que apoya una reforma a la salud en el Congreso y que rechaza que la Corte no lo invitara.
