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La Alcaldía de Bogotá tendrá que acudir a una audiencia de conciliación extrajudicial esta semana. El proceso podría concluir en billonarios costos para el Distrito, que tendría que utilizar plata de los contribuyentes si se procede a una etapa propiamente judicial.
A partir de las once y media de la mañana del miércoles 21 de enero, la Secretaría de Planeación se conectará a una diligencia virtual con el Grupo Malkenu, una constructora especializada en viviendas de interés social que pretendía desarrollar un proyecto inmobiliario en Ciudad Bolívar.
Malkenu presentó en diciembre de 2021 la documentación necesaria para un plan parcial de desarrollo urbano, un instrumento que certifica las condiciones de suelo, vías y demás aspectos urbanísticos para coordinarlas con el plan de ordenamiento territorial.
La Alcaldía tenía treinta días hábiles para pronunciarse sobre la viabilidad de la iniciativa, que la compañía llamó Ciudad Bolívar 75 - Azoteas. El arquitecto Humberto Castro, como representante de Malkenu, buscaba la valoración de la Secretaría de Planeación desde octubre de 2018.
En abril de 2021 la Secretaría de Planeación emitió su concepto, resaltando "normas de superior jerarquía" sobre asuntos ambientales y de suelo, e "imposibilidad actual para la prestación del servicio de acueducto" en la zona delimitada por el plan parcial.
Ocho meses después, Malkenu radicó los formatos y soportes del plan parcial, y el término de treinta días se venció sin una respuesta, lo que le dio paso al "silencio administrativo", una figura jurídica que favorece a los solicitantes si una autoridad no responde en el plazo normado.
La ley permitía que los treinta días se prorrogaran treinta días más, y aun así la Secretaría de Planeación no respondió. El plan parcial, que demarcaba unas 188,6 hectáreas —8,5 en soacha—, contemplaba el proyecto habitacional Tierra de Gracia, que aspiraba a construir unas setenta mil viviendas de interés social.
Un trámite urbanístico que quedó en el limbo
En enero de 2022, el Distrito finalmente notificó que no permitía la propuesta porque no se ajustaba al plan de ordenamiento territorial bogotano, que Claudia López firmó en 2021 y Carlos Fernando Galán empezó a reglamentar en 2023. Pero no lo hizo correctamente.
La Secretaría no solo comunicó su postura fuera del plazo, sino que la envió a dos correos electrónicos mal digitados. En agosto de 2022, Malkenu protocolizó el silencio administrativo, es decir, lo convirtió en un documento válido jurídicamente a través de una escritura pública en una notaría.
Y en diciembre de 2023 la constructora le informó del silencio a Planeación, otro paso que dictan las normas sobre trámites administrativos. La fase siguiente era ultimar detalles netamente ambientales antes de montar los edificios. La Secretaría lo desestimó en enero de 2024.
La Secretaría no solo comunicó su postura fuera del plazo, sino que la envió a dos correos electrónicos mal digitados. En agosto de 2022, Malkenu protocolizó el silencio administrativo, es decir, lo convirtió en un documento válido jurídicamente a través de una escritura pública en una notaría.
Y en diciembre de 2023 la constructora le informó del silencio a Planeación, otro paso que dictan las normas sobre trámites administrativos. La fase siguiente era ultimar detalles netamente ambientales antes de montar los edificios. La Secretaría lo desestimó en enero de 2024.
Con el reciente plan de ordenamiento territorial capitalino, el predio en el que iba a levantarse Tierra de Gracia se devaluó. Si se suma la negativa serótina de la Alcaldía, Malkenu calcula la pérdida del valor del lote en un 80%, así que demandó al Estado buscando una reparación.
La empresa describe su posición como "limbo jurídico", porque no se enteró del rechazo de parte del Distrito —que notificó erróneamente— y porque en el momento de una respuesta formal estaba vigente el silencio administrativo. Como reparación, pretende recibir dos billones de pesos.
Rodolfo Correa, abogado de la compañía, sostiene que "legalmente, el plan parcial estaba aprobado". "No obstante, la alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán y la secretaria Úrsula Ablanque se niegan a reconocer lo que la ley establece", añade.
La conciliación que evitaría un impacto fiscal billonario
Correa afirma que el perjuicio para la sociedad "está llegando ya a los dos billones de pesos" que aparecen en la demanda contra el Estado. Uno de los requisitos para echar a andar la reparación es una conciliación extrajudicial, que ya la Procuraduría convocó.
La Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos citó para el 21 de enero la audiencia de conciliación, con un auto admisorio de tres páginas que además le llegó a la Contraloría General de la República y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
El proceso de reparación será bastante largo si avanza a la fase judicial. Las demandas de ese estilo suelen tardar años en concluir, entre recursos, papeleos y cumplimientos. De todos modos, los dos billones de pesos, en caso de una eventual condena contra Bogotá, saldrían de los impuestos.
"La Alcaldía se ha negado a buscarle una salida racional y argumentada a este conflicto, por lo que nos vimos forzados a acudir a la vía prejudicial y luego a la vía judicial", zanjó Correa. La diligencia virtual de esta semana será clave de cara a un acuerdo o una disputa más extensa.
Un inf0rme de advertencia de la Personería de Bogotá, de veintidós páginas y de abril de 2025, da cuenta de las fallas de la Alcaldía. De hecho, le abre la puerta a presuntas responsabilidades disciplinarias por la forma como se llevó a cabo el enredo jurídico.
"Existe (...) el grave riesgo de comisión de presuntas faltas disciplinarias que comprometen tanto a funcionarios de la administración anterior", de Claudia López y María Mercedes Jaramillo, "como a los actuales servidores públicos de la Secretaría Distrital de Planeación", de Galán y Ablance.
Informes, advertencias y condenas
La demora que se convirtió en silencio administrativo "constituye una violación de lo previsto" en la Ley 1952 de 2019, el Código General Disciplinario, y "la omisión en el cumplimiento de los efectos jurídicos" de la figura "podría constituir un desconocimiento expreso de un mandato legal".
De acuerdo con la Personería, la Alcaldía incluso actuó "sin fundamento normativo", sin corregir los errores de los correos de 2022, sin motivar su rechazo de 2024, sin explicarlo a través de un acto administrativo debidamente notificado y sin conceder los recursos procedentes.
En todo caso, la postura de la Alcaldía es que no se puede construir donde Malkenu tiene la intención en Ciudad Bolívar, por la diagonal 81 sur con calle 37, como ratifica desde hace casi cinco años. Si ese es el escenario que llegará a la conciliación, no se avista un consenso cercano.
No es la primera vez que Malkenu y Bogotá tienen un choque en el que debe mediar el Ministerio Público. En 2023 el Ministerio Público formuló cargos contra Luz Elena Guerra Ladino, excorregidora del barrio El Mochuelo, de Ciudad Bolívar, por un caso en el que terminó condenada.
Guerra, como parte de la entidad que hace las veces de Policía o de Alcaldía en corregimientos, le concedió un amparo policivo a los predios La Azotea 1, La Azotea 2 y La Azotea 3, propiedad de Malkenu y de la sociedad Suever, que adquirió en 2017.
Rafael Forero Pulido interpuso una querella asegurando que estaban invadiendo su lote, también llamado La Azotea pero ubicado en un punto geográfico lejano. Guerra, en su lugar, ordenó desalojar los lotes de Malkenu y Suever, sin identificarlos debidamente pese a las matrículas públicas.
El Juzgado 12 Penal de Conocimiento del Circuito de Bogotá condenó a Guerra este lunes, 19 de enero, a siete años y ocho meses de prisión, por prevaricato por acción, prevaricato por omisión y falsedad en documento público, por entregarle las tres Azoteas a Forero Pulido.
