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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el país sigue en deuda con la expedición de un Estatuto del Trabajo, una obligación constitucional pendiente desde hace más de tres décadas y que, según el Gobierno, deberá convertirse en una prioridad política inaplazable.
En su intervención en un evento público y político el funcionario de forma vehemente afirmó cuales son las propuestas que tiene el gobierno frente a estas iniciativas en las que están trabajando.
“Está aún pendiente la expedición de un Estatuto del Trabajo y esa debe ser una prioridad legislativa del próximo gobierno o de una Constituyente”, afirmó el ministro, al advertir que este tema será uno de los ejes centrales de la agenda política que el Ejecutivo impulsará en los próximos meses.
Sanguino fue enfático en señalar que, ante los bloqueos que ha enfrentado la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno no descarta acudir a un mecanismo constituyente como vía alternativa para garantizar cambios estructurales en materia de derechos laborales.
“Va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una Constituyente que estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República, o que se le presentará a la ciudadanía a través del Congreso el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo periodo legislativo”, explicó.
Reforma laboral o Constituyente: el pulso político
Las declaraciones del ministro dejan claro que el Ejecutivo considera que el debate laboral ha entrado en una fase decisiva. “¿Tenemos una reforma legal? Bueno, pues si no hay reforma en el Congreso, habrá Constituyente”, sentenció Sanguino, marcando una línea firme frente a la resistencia que han enfrentado las iniciativas del Gobierno en el Legislativo.
El Estatuto del Trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, busca unificar y garantizar principios fundamentales como la estabilidad laboral, la primacía de la realidad sobre las formalidades, la protección del salario y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, más de 30 años después, sigue sin materializarse en una norma integral.
Para el Gobierno, esta ausencia ha contribuido a la precarización laboral, al aumento de la informalidad y a la pérdida de garantías para millones de trabajadores en el país.
Un mensaje directo al próximo Congreso
El anuncio de que el proyecto será presentado el 20 de julio, fecha de instalación del nuevo Congreso, es leído como un mensaje político directo a las bancadas que se oponen a las reformas sociales del Ejecutivo. El Gobierno apuesta a que el nuevo escenario legislativo permita destrabar iniciativas clave o, en su defecto, legitimar ante la ciudadanía la necesidad de una Constituyente.
Analistas señalan que esta postura eleva la tensión política, pero también refleja la intención del Ejecutivo de mantener vivas las reformas estructurales, incluso si estas deben transitar por caminos distintos al Congreso tradicional.
Un debate que marcará el rumbo del país
La discusión sobre el Estatuto del Trabajo no solo involucra al Gobierno y al Congreso, sino que impacta directamente a millones de trabajadores, sindicatos, empresarios y jóvenes que enfrentan condiciones laborales inestables. La posibilidad de una Constituyente añade un nuevo elemento al panorama político nacional y abre un debate de fondo sobre el modelo laboral y social que tendrá Colombia en las próximas décadas.
Mientras tanto, el mensaje del ministro es claro: el Estatuto del Trabajo no es negociable y, con reforma legislativa o con Constituyente, el Gobierno buscará que se convierta en una realidad.
