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El Juzgado 39 administrativo de Bogotá dio un plazo al Gobierno Nacional de cinco años para que sustituya el asbesto en Colombia, considerado como dañino para la salud.
El juez Leonardo Galeano Guevara ordenó a los ministerios de Salud y de Trabajo promover una política pública de sustitución del uso de asbesto en el país, al considerar que sí representa un riesgo para la salud.
En dicho plazo el Gobierno deberá culminar todo el proceso de sustitución de esta materia prima, utilizada para la producción de tejas, elementos en la industria automotriz y hasta para el uso cosmético.
Asimismo, sostuvo que esta determinación se originó de una acción popular que fue instaurada en 2005 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que comenzó a ser analizada de manera minuciosa por su despacho desde el año 2006, debido a la complejidad del caso y a los más de 30 testimonios y 12 mil folios de la demanda.
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"Con base en el convenio OIT 162 revisado por la Corte Constitucional se le ordena a los Ministerios del Trabajo y de Salud, diseñar, implementar y ejecutar hasta en un plazo máximo de cinco años la política de sustitución del asbesto", dijo Galeano Guevara.
Según el juez 39 la propia Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto de estudio para el cáncer encontraron que no hay un umbral seguro para la exposición del asbesto, no solo en materia ocupacional sino por fuera del ambiente laboral.
"Como juez no puedo ordenar la prohibición del asbesto, lo importante de esta decisión, es que se vence el paradigma del uso del asbesto seguro en Colombia que había sido sostenido durante muchos años y se reconoce que no hay una condición básica para que ese asbesto sea usado en condiciones seguras", dijo Galeano Guevara.
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De acuerdo con el juzgado: "Canadá que era uno de los defensores de la política del uso seguro del asbesto abandonó esa tesis y de igual forma, el Supremo Tribunal Federal de Brasil en sentencia de 2017 declaró inconstitucional la norma del uso del asbesto en ese país pese a ser el segundo productor a nivel mundial", indicó Galeano Guevara.
Igualmente, dejó en claro que en su decisión no se ordena el cambio del uso del asbesto por ninguna materia prima en particular, ya que ello deberá hacer parte de la discusión que tendrá que llevar a la implementación de una política pública.
También precisó que hay un total de 254 empresas que aparecen en los registros del Plan Nacional de Prevención contra neumoconiosis y otras enfermedades, que estarían en Colombia relacionadas con la comercialización de producto que involucran asbesto.
Agregó que esta decisión podría ser objeto de apelación por parte de las empresas vinculadas al caso que insisten en defender el uso seguro del asbesto en el país.
Decisión de juez implica un avance: Greenpeace
Greenpeace, una de las ONG ambiental más reconocidas del mundo que lidera en Colombia el trabajo para que se prohíba la sustancia en Colombia, catalogó como positiva la decisión del juez en Bogotá que ordenó iniciar un camino para la sustitución del asbesto en Colombia.
"No dejamos ni dejaremos de impulsar, presionar y exigir que Colombia prohíba el uso de asbesto. 130 mil personas firmaron para que esto sea posible y pensamos que cualquier acto legislativo implica un avance en la protección de derechos de las víctimas, reconociendo que la industria ha sido terca en saber que el asbesto es una sustancia peligrosa", dijo Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia.
Señaló que "el camino no termina" porque desde 2007 se viene impulsando en el Congreso de la República la 'Ley Ana Cecilia Niño' que busca que el país prohíba la sustancia que 67 países del mundo han negado.
Según Greenpeace no existen cifras claras sobre el número de afectados en Colombia por la sustancia, catalogada por la Organización Mundial de la Salud- OMS- como cancerígena.
"Se habla de 500 colombianos afectados por enfermedades cancerígenas asociadas a la sustancia, presente sobre todo en la construcción y la industria automotriz", añadió.
