La FM en Google News
Una nueva controversia sacude al sector salud en Colombia tras la denuncia pública del representante a la Cámara, Andrés Forero, quien cuestionó un presunto aumento salarial del 23% para los funcionarios de Famisanar EPS.
El representante político criticó esta acción de los directivos que esta EPS, que se encuentra bajo medida especial de vigilancia por la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de la profunda crisis financiera y operativa y las reiteradas quejas por fallas en la atención a los pacientes.
Primera circular
La polémica se originó tras conocerse una Circular Interna No. 01 del 7 de enero de 2026, firmada por la gerente de Gestión Humana de Famisanar, Nathaly Ramos, en la que se informa a los colaboradores sobre la aplicación de un ajuste salarial a partir del 1.º de enero de 2026, en cumplimiento del Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo legal para el presente año.
A través de su cuenta de X, el congresista Forero lanzó fuertes críticas contra los directivos de la EPS y el interventor designado por el Gobierno Nacional.
“Mientras mueren pacientes, el interventor y su afortunada gerente de Gestión Humana subieron el salario de todos los colaboradores, no solo los que ganan el mínimo, en 23%”, escribió el representante, quien además aseguró que altos funcionarios habrían recibido incrementos millonarios, mencionando que una funcionaria que pasó de devengar 28 millones a 34,4 millones de pesos mensuales.
Famisanar responde
Las afirmaciones generaron una reacción de Famisanar EPS con una segunda circular interna, en la que negó de manera categórica haber decretado o ejecutado un aumento salarial generalizado del 23 % para toda su planta de personal. Según la entidad, dicha versión corresponde a una interpretación “errónea, descontextualizada y tendenciosa” del contenido de la circular interna.
De acuerdo con el comunicado oficial, la circular tuvo como único propósito informar el cumplimiento de obligaciones legales vigentes, derivadas tanto del Decreto 1469 de 2025 como de un laudo arbitral de obligatorio cumplimiento, los cuales ordenan ajustar los salarios con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el incremento del salario mínimo, aplicando el criterio más favorable para cada trabajador.
Famisanar aseguró que los ajustes realizados no obedecen a decisiones discrecionales ni a beneficios arbitrarios, y mucho menos a incrementos uniformes para todos los cargos, sino al estricto acatamiento de la normatividad laboral.
“En consecuencia, cualquier ajuste salarial realizado por EPS Famisanar no responde a decisiones discrecionales, beneficios arbitrarios ni incrementos generalizados, sino al estricto cumplimiento de mandatos legales y convencionales, en observancia de los principios de legalidad, favorabilidad laboral y respeto por los derechos adquiridos de los trabajadores”, indicó.
Además, calificó como “grave” el uso de información interna y sensible con fines políticos, advirtiendo posibles vulneraciones a los principios de confidencialidad, habeas data y buen nombre institucional.
“Resulta especialmente grave que información interna, de carácter laboral y sensible, haya sido utilizada de manera selectiva y fragmentada con fines políticos, desconociendo su verdadero alcance normativo y administrativo. Este actuar no solo induce a la desinformación ciudadana, sino que podría constituir una vulneración a los principios de confidencialidad, habeas data y debido manejo de información sensible, protegidos por el ordenamiento jurídico colombiano”, sostuvo la EPS intervenida por el Gobierno.
Acciones legales
La EPS Famisanar también anunció que se reserva el derecho de adelantar acciones legales frente a la divulgación de información que considere falsa o manipulada, e hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique los datos a través de sus canales oficiales.
La controversia se da en un contexto especialmente delicado para Famisanar EPS, que enfrenta múltiples cuestionamientos por la calidad del servicio, retrasos en tratamientos y suministro de medicamentos, así como por su situación financiera.
“Mientras sectores políticos insisten en que los directivos deben dar explicaciones claras sobre el manejo de los recursos, la EPS sostiene que ha actuado dentro del marco legal y que las denuncias hacen parte de una campaña de desprestigio”, explicó.
El debate sigue abierto y se traslada ahora al escenario público y político, en medio de una creciente indignación ciudadana por el estado del sistema de salud y la situación de miles de pacientes en todo el país.
