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Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social lanzó una nueva voz de alerta por la crisis que se vive en el actual sistema de salud en el país.
Afirmaron que el año 2026 comenzó con un panorama crítico desde el punto de vista financiero y operativo, como consecuencia de decisiones gubernamentales que, según dijeron, han profundizado la desfinanciación estructural y agravado los riesgos para pacientes y usuarios.
Los exfuncionarios alertaron que las medidas adoptadas en los últimos meses han incrementado la incertidumbre, las barreras de acceso a los servicios y el sufrimiento de miles de personas que dependen del sistema.
A su juicio, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 estuvieron marcados por decisiones “erráticas”, tomadas sin atender las advertencias técnicas, institucionales y humanas formuladas por diversos sectores.
Advertencias reiteradas y crisis estructural
Desde 2022, y de manera insistente durante 2025, este grupo de expertos ha manifestado su preocupación por el rumbo del sistema de salud. Aseguran que sus alertas no responden a posturas ideológicas, sino que coinciden con los pronunciamientos de la sociedad civil y de los principales órganos de control del Estado.
La Corte Constitucional, a través de autos emitidos en 2024 y 2025, ha reiterado que el sistema enfrenta un problema estructural de desfinanciación asociado directamente al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
“En dichos pronunciamientos, el alto tribunal ha señalado el uso de información incompleta, la falta de aplicación de la metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes judiciales orientadas a garantizar la suficiencia financiera y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud”, dijo el exministro de Salud Augusto Galán.
Alertas de los órganos de control
Afirmó que las preocupaciones también han sido respaldadas por otras entidades de control. La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre la fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico en las decisiones de política pública. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el deterioro del acceso a los servicios, el aumento sostenido de quejas y tutelas y la creciente angustia de pacientes y familias.
“La Contraloría General de la República, en la misma línea, ha confirmado estos hallazgos y ha señalado que las ocho intervenciones administrativas adelantadas hasta ahora no han corregido las causas estructurales de la crisis. Por el contrario, según el ente de control, estas medidas han concentrado la deuda y el riesgo financiero, debilitando la capacidad operativa de las EPS y las IPS, y deteriorando el flujo de recursos en el sistema”, indicó.
Impacto del salario mínimo y déficit financiero
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento tiene que ver con el incremento del salario mínimo decretado para 2026. Aunque la medida mejora el poder adquisitivo de cerca del 10 % de la población laboralmente activa, los exministros advierten que genera un impacto significativo sobre las finanzas públicas y el sistema de salud.
De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este aumento podría incrementar el déficit fiscal en 5,3 billones de pesos durante 2026. En el caso del sector salud, se estima un sobrecosto cercano a 4,5 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 40 % de los recursos anunciados por el propio Gobierno para el incremento de la UPC.
Advirtieron que este impacto no fue incorporado en los cálculos técnicos de necesidad de financiación realizados por expertos de la ANDI y ACEMI, quienes estimaban que para 2026 se requería un aumento de la UPC entre el 15 % y el 17 %. En este escenario, el incremento del 16 % para el régimen subsidiado resulta insuficiente y no absorbe el choque de costos inducido por el aumento del salario mínimo.
Brecha entre regímenes y desacato judicial
El informe revela que la situación del régimen contributivo también genera preocupación. El aumento anunciado del 9 %, aunque superior al ajuste de 2025 limitado al IPC, es considerado insuficiente frente a una necesidad estimada de financiación del 17 % para 2026, sin incluir el impacto del salario mínimo. Esto, según los exfuncionarios, abre un nuevo frente de desfinanciación que se suma a los rezagos acumulados.
Apuntan que el Gobierno cerró el 2025 sin corregir los rezagos históricos de la UPC, incumpliendo nuevamente las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el reconocimiento de insuficiencias pasadas. Esta situación prolonga el desacato frente a la máxima autoridad constitucional y mantiene uno de los núcleos centrales de la crisis estructural del sistema.
A ello se suma, según los firmantes, la evasión sistemática de la metodología actuarial y el traslado de responsabilidades técnicas a la ADRES, una entidad que no fue diseñada ni fortalecida para estas funciones, mientras se debilita la capacidad técnica del Ministerio de Salud, autoridad competente en esta materia.
Llamado a corregir el rumbo
Los exministros y exviceministros subrayaron que su pronunciamiento no constituye una queja aislada, sino la expresión de un clamor generalizado de los agentes del sistema de salud, la sociedad civil y las máximas instancias de control del país.
En ese sentido, advirtieron que el daño al sistema debe detenerse y que no pueden continuar decisiones de política pública que consideran equivocadas y contrarias a la dignidad de los pacientes.
Finalmente, reiteraron su defensa del derecho fundamental a la salud, el respeto a la Constitución y el acatamiento de la ley, al tiempo que manifestaron su disposición a trabajar en consensos basados en la evidencia que permitan superar la crisis y avanzar hacia un mejor sistema de salud para el país.
