La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) reiteró las razones que motivaron la intervención forzosa administrativa de la EPS Coosalud S.A. La entidad señaló que la medida adoptada el pasado 22 de noviembre de 2024, se mantiene en firme.
De acuerdo con el organismo de control, la decisión se fundamentó en deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que comprometían la adecuada prestación de los servicios de salud, afectando directamente la integridad y seguridad de los más de cuatro millones de afiliados de la entidad.
Según la Supersalud, entre los principales hallazgos se evidenciaron retrasos en la identificación del riesgo obstétrico, fallas en el registro oportuno de las vacunas, debilidades en la atención de enfermedades huérfanas, demoras en diagnósticos y tratamientos, así como incrementos preocupantes en los índices de mortalidad materna y desnutrición infantil.
Asimismo, se documentó un aumento en las reclamaciones por inoportunidad en la asignación de citas médicas y por la entrega incompleta o tardía de medicamentos, lo que llevó al ente de control a concluir que existía un riesgo real para la salud de los usuarios.
Pese a las medidas de vigilancia y los planes de mejoramiento ordenados tras auditorías realizadas durante 2024, la entidad solo presentó un avance del 6 % en el cumplimiento de las acciones correctivas a junio del mismo año, lo que agravó la situación.
En materia financiera, la Superintendencia identificó que Coosalud incumplió los requerimientos sobre su red de atención, no contaba con una metodología aprobada para el cálculo de reservas técnicas, ni con la inversión correspondiente al respaldo de dichas reservas, incumpliendo los lineamientos exigidos por la norma.
Estos incumplimientos, sumados al deterioro operativo y a la falta de respuesta ante las medidas de vigilancia, llevaron a la Supersalud a ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS con el fin de salvaguardar los recursos del sistema y la atención a los usuarios.
Informe de la Contraloría
Frente al informe publicado en 2025 por la Contraloría General de la República, en el que se concluye la no existencia de presunto daño fiscal por parte de Coosalud, la Supersalud aclaró que dicho pronunciamiento no guarda relación con las consideraciones que motivaron la medida de intervención adoptada en 2024.
“El proceso de intervención se basó exclusivamente en deficiencias operativas, administrativas y financieras verificadas por esta Superintendencia, dentro del ejercicio de sus competencias legales”, precisó la entidad.
Finalmente, la Supersalud reiteró su respeto por los organismos de control y su compromiso con el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control que le otorga la ley, asegurando que sus decisiones no interfieren con otras investigaciones que adelanten entidades como la Contraloría o la Procuraduría General de la Nación.