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Hace un año el país conoció una lamentable noticia, la realidad que existía detrás de Atai, una operación militar, en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, que había sido catalogada meses atrás como impecable, por parte del Gobierno Nacional.
Ocho menores de edad habían muerto en medio de este bombardeo, en el que presuntamente sólo acampaban, hombres de las disidencias de las Farc, liderados por Rogelio Bolívar Córdoba, alias 'Gildardo Cucho', según el Ejército, cabecilla de Grupos Armados Organizados (GAO) residual E-7 y que respondía órdenes de 'Gentil Duarte'.
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Hoy hay ocho familias destruidas que perdieron a sus hijos, sumidas no solo en la tristeza, sino también en el temor de querer buscar alguna reparación por parte del Estado.
Es el caso de Luz Angela Pérez, madre de Ángela Gaitán Pérez, una niña de tan solo 12 años que murió en el bombardeo. Asegura que actualmente no tiene trabajo, dice que han sido revictimizados, pues nadie les quiere dar una oportunidad laboral, ni a ella, ni a su esposo.
“Hasta ahora no hemos recibido ningún apoyo. Donde estábamos trabajando nos sacaron por lo que le pasó a mi hija. Ha sido un año muy duro, no tenemos nada que hacer y la verdad, haga lo que haga, a mi hija no me la van a devolver, tengo mucha rabia hacia esa gente”, afirma.
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Aunque la tragedia que viven estas familias no se va a reparar con ayudas económicas. Se sienten abandonadas, aducen que han sido tildados de guerrilleros y la sociedad "ha actuado de forma tirana", cerrándoles todas las puertas, y temen que quienes una vez se llevaron a sus hijos, decidan también tomar a otros de sus familiares.
Por su parte, otras familias de menores que han sobrevivido al reclutamiento forzado y al bombardeo de estos campamentos, han tenido que huir a otras zonas de país, por el miedo a una posible "amenaza colateral", pues aseguran sentir miedo, tanto del Estado como de grupos disidentes, de quetomen represalias contra ellos.
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Y es que esta desconcertante noticia le costó el cargo al hoy exministro Guillermo Botero, quien debió renunciar ante un inminente juicio político en el Congreso.
Entre tanto, Herner Carreño, personero de Puerto Rico Caquetá, ha temido perder su vida, pues para ese entonces recibió amenazas de muerte, luego de denunciar el reclutamiento de niños en esta zona.
Actualmente está a punto de perder su esquema de seguridad y sin razón de su denuncia por estos hechos, instaurada en la Fiscalía.
El silencio continúa hiriendo, aquel que cegó a muchos colombianos que creyeron que se había dado un golpe contundente a las disidencias, desconociendo que ocho de los cuerpos eran de niños, que según sus padres, les fueron arrebatados del seno de su hogar.
