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Los trabajadores de la Electrificadora de Santander, empresa propiedad del Grupo EPM, informaron que tras semanas de conversaciones fallidas con la administ informaron a la opinión pública que, tras semanas de conversaciones fallidas con la administración, se declararon desde hoy en Asamblea Permanente. La decisión fue tomada junto con la Comisión Negociadora, luego de que no se lograran avances durante la etapa de arreglo directo entre directivos y empleados.
Según el comunicado, en este escenario los trabajadores analizan los parámetros de una eventual huelga, proceso que será liderado por SINTRAELECOL, organización sindical que representa a los trabajadores del sector de la energía eléctrica en el país. La manifestación contará, además, con el apoyo de otras organizaciones sindicales a nivel nacional.
Carlos Roncancio, Representante Legal de los Trabajadores, explicó que durante las sesiones de negociación la delegación sindical presentó y sustentó cada uno de los puntos del pliego de peticiones. Sin embargo, señaló que la empresa respondió de manera inmediata y generalizada, negándose a discutir los contenidos del pliego y cerrando el diálogo.
“El cierre del diálogo se dio escudándose en supuestas regulaciones preexistentes para eludir el deber constitucional y legal de negociar de buena fe”, afirmó Roncancio, al referirse a la postura adoptada por la empresa durante la negociación.
Denuncian vulneración de derechos laborales y sindicales
De acuerdo con la organización sindical, esta conducta desconoce derechos fundamentales y humanos del trabajo, amparados por la Constitución Política de Colombia y por los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales han sido ratificados por el Estado colombiano.
Roncancio calificó como especialmente grave que esta situación se presente en una empresa pública, descrita como rentable y sostenible, encargada de suministrar el servicio de electricidad a la comunidad y que además hace parte del Grupo EPM, conglomerado que públicamente se presenta como respetuoso de los derechos laborales y humanos.
El abogado agregó que la realidad que viven los trabajadores en Santander y otras regiones contradice ese discurso, al tiempo que señaló que la empresa cuenta con aproximadamente 1.200 trabajadores directos y más de 3.500 vinculados mediante esquemas de intermediación laboral.
Estos esquemas, según el pronunciamiento, han sido cuestionados por decisiones judiciales y contravienen lo pactado en la convención colectiva, lo que profundiza la precarización laboral y la vulneración de derechos.
Ante este panorama, los trabajadores permanecen en asambleas permanentes, evaluando colectivamente las acciones a seguir, incluida la movilización y la huelga, como consecuencia directa del cierre del diálogo por parte de la empresa.
Finalmente, los voceros advirtieron a la ciudadanía, autoridades y opinión pública nacional que este conflicto no es un hecho aislado, "sino una expresión de prácticas empresariales que afectan el diálogo social, la democracia y los derechos humanos en el mundo del trabajo".
