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La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se unió a la voz de rechazo de varios mandatarios regionales por la firma del artículo 2265, que ordena a los departamentos girar al Sistema General de Seguridad Social de Salud (Adres) los recursos de las rentas departamentales por los juegos de azar y al consumo de tabaco y licor.
A juicio de Toro, esta disposición afecta directamente la sostenibilidad de la salud de los vallecaucanos: "nosotros tenemos la obligación de cofinanciar a un millón 500 mil personas del régimen subsidiado. Eso nos cuesta $104.000 millones al año. Lo que nos preocupa es que el Gobierno Nacional nos está pidiendo $198.000 millones por año, lo que representa prácticamente la quiebra del sector salud".
Con estos dineros se cubre la atención a los servicios no POS y se garantiza, según la mandataria, la infraestructura hospitalaria de la región. No obstante, la gobernadora junto a sus pares de otros departamentos había hecho estas reparaciones al gobierno central.
"Estos recursos le pertenecen a los departamentos, según está estipulado en la Constitución. Esto es más que la centralización de los recursos y le resta autonomía a las regiones", puntualizó Toro.
