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La Corte Constitucional ordenó suspender las sesiones de la mesa de trabajo convocadas por el Ministerio de Salud para revisar la Unidad de Pago por, (UPC) tras haber evidenciado, aparentemente riesgos financieros y deficiencias en la participación de actores clave del sistema de salud.
Según ha dicho el alto Tribunal, Sala Especial de Seguimiento, integrada por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, y los magistrados Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien salvó su voto, y en el marco de las órdenes analizó la mesa de trabajo creada por el Ministerio de Salud para lograr su suficiencia.
Entre otras consideraciones, afirmó que: "la mesa de trabajo se concibió como un mecanismo participativo para revisar y lograr la suficiencia de la UPC del año 2024, componente clave en materia de salud, cuando se trata de decisiones que impactan a todos los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, como es el caso de la financiación del PBS, (plan de beneficios en salud)", señaló la Corte.
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En primer lugar, la Corte Constitucional advirtió sobre "un riesgo de no garantizar la suficiencia de la UPC", debido a que se desconocieron rezagos financieros de años anteriores y los lineamientos del Auto 007 de 2025, especialmente su resolutivo 3.1.
Por otro lado, la Sala cuestionó la calidad de la participación: La evidencia empírica sobre la afectación de la participación de los actores del sistema de salud, observó falencias en la convocatoria y desarrollo de las sesiones de trabajo, que podrían afectar el principio de participación efectiva en salud".
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En consecuencia, esta corporación consideró necesario adoptar una medida cautelar y suspender temporalmente el desarrollo de la mesa hasta tanto se ajuste a los parámetros establecidos en dicha decisión.
La adopción de esta medida busca evitar decisiones regresivas y asegurar que la política pública en salud se construya con base en principios técnicos, financieros y democráticos sólidos.
Finalmente, esta corporación advirtió que, si al momento de notificar la presente decisión las sesiones de la mesa técnica habían culminado, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá reiniciarlas conforme a los parámetros que se plantean. El magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó voto frente a esta decisión.
