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La Contraloría General de la República informó que desplegó un equipo de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de adelantar un ejercicio de verificación y recaudo de información relacionado con la situación presupuestal y financiera del actual Gobierno Nacional.
El anuncio fue realizado por el organismo de control a través de su cuenta oficial en la red social X, donde explicó que la actuación se desarrolla en el marco de sus facultades constitucionales y como parte del seguimiento a la Función de Advertencia que recientemente notificó al Gobierno Nacional.
Verificación en el Ministerio de Hacienda
Según indicó la Contraloría, el equipo de Policía Judicial tendrá la misión de recopilar información y verificar aspectos relacionados con la ejecución presupuestal y financiera del Gobierno, con el fin de evaluar los riesgos advertidos por el organismo de control.
La actuación hace parte de las competencias de vigilancia preventiva que ejerce la Contraloría sobre la administración de los recursos públicos.
Hasta el momento, la entidad no ha informado cuánto tiempo durará el procedimiento ni ha entregado detalles sobre la documentación específica que será objeto de revisión.
Advertencia por riesgos fiscales
La diligencia se produce pocos días después de que la Contraloría emitiera una Función de Advertencia dirigida al Ministerio de Hacienda, tras identificar riesgos presupuestales, financieros y de contratación que, según el organismo, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
En ese informe, la entidad alertó sobre presiones en la caja del Gobierno Nacional, necesidades adicionales de financiación y un incremento en la contratación pública luego del levantamiento de la Ley de Garantías.
Asimismo, advirtió que cualquier nuevo compromiso presupuestal o contractual debe estar respaldado por disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Seguimiento al manejo de los recursos públicos
Con el despliegue de la Unidad de Reacción Inmediata, la Contraloría busca fortalecer el seguimiento a la información financiera del Estado y verificar que las decisiones presupuestales adoptadas por el Gobierno se ajusten a los principios de sostenibilidad fiscal y protección del patrimonio público.
Por ahora, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Contraloría, han informado sobre resultados preliminares de la diligencia, la cual hace parte de las actuaciones preventivas que adelanta el organismo de control frente a los riesgos identificados en las finanzas nacionales.
Informe de la Contraloría
La Contraloría General de la República anunció que activó de forma inmediata una Función de Advertencia al Gobierno Nacional, tras identificar riesgos presupuestales, financieros y contractuales, que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del Estado.
La decisión se fundamenta en un informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y la contratación pública con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.
El informe del organismo de control alertó que, una vez levantada la restricción de la Ley de Garantías, se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos, lo que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo registrado hace cuatro años.
“Del total, más de 11.000 contratos fueron adjudicados mediante contratación directa, una modalidad que, según la entidad, requiere un seguimiento especial por los riesgos que implica para la transparencia y la adecuada planeación del gasto”, dijo la Contraloría.
Riesgos específicos
La Contraloría también advirtió riesgos específicos en procesos contractuales y presupuestales de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, por lo que instó a reforzar los controles para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Presiones sobre las finanzas públicas
El informe señala que las finanzas del Gobierno Nacional atraviesan un escenario de presión debido al menor recaudo tributario, el incumplimiento de la meta de ingresos, la ausencia de un ajuste al Presupuesto General de la Nación, rezagos en las reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación.
En ese contexto, la Contraloría enfatizó que cualquier decisión relacionada con nuevos compromisos contractuales o presupuestales debe estar plenamente respaldada por disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente.
El organismo advirtió que aprobar nuevas transferencias, asignaciones presupuestales, o compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, podría profundizar las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, afectar el equilibrio del presupuesto, incrementar las necesidades de endeudamiento y generar un eventual detrimento del patrimonio público.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Contraloría envió un equipo de Policía Judicial al Ministerio de Hacienda?
Porque desplegó un equipo de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la DIARI, para realizar un ejercicio de verificación y recaudo de información sobre la situación presupuestal y financiera del Gobierno Nacional, como parte del seguimiento a la Función de Advertencia emitida por el organismo de control.
¿Qué riesgos motivaron la Función de Advertencia emitida por la Contraloría?
La Contraloría identificó riesgos presupuestales, financieros y de contratación que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del Estado, debido a las presiones sobre la caja del Gobierno, las necesidades adicionales de financiación y el aumento de la contratación pública.
¿Qué encontró la Contraloría sobre la contratación pública tras el levantamiento de la Ley de Garantías?
El organismo de control informó que entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se suscribieron 14.414 contratos por cerca de 4,55 billones de pesos, un 22,5 % más que en el mismo periodo de hace cuatro años. Además, más de 11.000 contratos fueron adjudicados mediante contratación directa, modalidad que requiere especial vigilancia por los riesgos que implica para la transparencia y la planeación del gasto.
¿Qué recomendaciones hizo la Contraloría al Gobierno Nacional frente al manejo de las finanzas públicas?
La Contraloría recomendó que toda decisión relacionada con nuevas transferencias, asignaciones presupuestales o compromisos contractuales esté respaldada por una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente, con el fin de proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar un posible detrimento del patrimonio del Estado.
