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La Contraloría General de la República alertó sobre la falta de asignación específica de recursos para implementar acciones con perspectiva de género, dentro de la Política Nacional de Cuidado, especialmente en las zonas rurales del país.
La entidad señaló que las labores de cuidado relacionadas con atención de niños, adultos mayores, animales y producción de alimentos siguen recayendo principalmente sobre las mujeres rurales entre 2016 y 2025.
De acuerdo con el análisis realizado por las delegadas para el sector agropecuario y población focalizada, las actividades de cuidado en la ruralidad colombiana continúan concentradas en las mujeres, incluidas aquellas en condiciones de precariedad y pertenecientes a comunidades raciales. La evaluación se enfocó en entidades vinculadas al sector agropecuario y de inclusión social que participan en el desarrollo del plan de acción de la Política Nacional de Cuidado.
Recursos sin desagregación específica
Según la información revisada por el órgano de control, el Ministerio de Agricultura reportó una destinación de 11.719 millones de pesos para el cumplimiento de la Política Nacional de Cuidado contemplada en el CONPES 4143 de 2025. Sin embargo, la Contraloría indicó que no existe una desagregación clara que permita establecer qué parte de esos recursos está dirigida específicamente a actividades de cuidado rural.
La entidad sostuvo que las acciones incluidas dentro de la política pública buscan atender las problemáticas identificadas, aunque advirtió que la adecuación de estas medidas todavía es parcial frente a las necesidades estructurales de las mujeres rurales cuidadoras.
El informe concluye que aún faltan ajustes estratégicos que permitan una mayor coherencia entre los objetivos planteados, las problemáticas identificadas y las acciones formuladas.
Asimismo, la Contraloría señaló que persisten vacíos frente al abordaje de las causas profundas de desigualdad que enfrentan las mujeres rurales. También advirtió que las dinámicas de cuidado colectivo y comunitario no están siendo incorporadas de manera suficiente dentro de la política pública.
Otro de los hallazgos expuestos por la entidad tiene relación con la ausencia de acciones e indicadores asociados a un enfoque de cultura de paz dentro del CONPES. Para el organismo de control, esta omisión representa un faltante dentro de la Política Nacional de Cuidado.
Riesgos para la sostenibilidad de los programas
La evaluación realizada también evidenció limitaciones en la capacidad financiera de las instituciones encargadas de ejecutar programas relacionados con el cuidado. La Contraloría encontró que solo la mitad de las entidades del sector agropecuario y de inclusión social cuentan con presupuestos específicos y costos mensuales definidos para operar los equipos responsables del Programa Nacional del Cuidado y de la Política Nacional del Cuidado.
La otra mitad de las instituciones analizadas no tendría recursos definidos para estas actividades, situación que, según la entidad, podría afectar la sostenibilidad y eficacia de las medidas implementadas. El órgano de control advirtió que esta falta de financiación representa una debilidad relevante para el funcionamiento de los programas dirigidos a las mujeres rurales.
La Contraloría también expresó preocupación frente al panorama institucional y presupuestal de estas iniciativas. La entidad señaló que la eventual desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad podría generar el cierre de intervenciones relacionadas con la implementación del Sistema Nacional de Cuidado para mujeres rurales, campesinas y dedicadas a la pesca.
A esto se suma, según el organismo, el ajuste presupuestal definido por el Gobierno Nacional para el sector Agricultura y el desfinanciamiento de programas apoyados por organismos de cooperación internacional enfocados en la ruralidad. La Contraloría advirtió que estas situaciones representan un riesgo para la continuidad de varias de las estrategias actualmente en marcha.
Llamado a entidades y universidades
Ante este panorama, la Contraloría hizo un llamado a la Agencia de Desarrollo Rural y a la Agencia Nacional de Tierras para que asignen presupuestos específicos destinados a la implementación de acciones con perspectiva de género en el país. La entidad insistió en la necesidad de fortalecer financieramente las políticas públicas relacionadas con el cuidado rural.
El organismo de control también planteó la necesidad de integrar profesionales con diferentes trayectorias en los equipos de género de las instituciones públicas. Según el análisis, esto permitiría fortalecer y enriquecer las intervenciones relacionadas con los procesos de cuidado y atención en las comunidades rurales.
La Contraloría instó a las universidades y centros académicos colombianos a desarrollar programas curriculares enfocados en políticas públicas de cuidado con perspectiva territorial. La entidad concluyó que el estado actual de los cuidados en Colombia atraviesa procesos de fortalecimiento institucional, reconocimiento social y desarrollo de mecanismos administrativos y comunitarios para su implementación.
Claves de este tema, en cuatro preguntas
¿Qué advirtió la Contraloría sobre los programas de cuidado para mujeres rurales en Colombia?
La Contraloría General de la República alertó que varios programas de cuidado dirigidos a mujeres rurales podrían verse afectados por falta de recursos específicos y problemas de financiación en entidades del sector agropecuario e inclusión social.
¿Por qué la Contraloría cuestionó la financiación de la Política Nacional de Cuidado?
La Contraloría señaló que, aunque existen más de 11 mil millones de pesos destinados a la Política Nacional de Cuidado, no hay una desagregación clara que permita identificar cuánto dinero está dirigido específicamente a actividades de cuidado rural.
¿Qué riesgos enfrentan las políticas de cuidado rural en Colombia?
Las políticas de cuidado rural en Colombia enfrentan riesgos relacionados con ajustes presupuestales, reducción de apoyos de cooperación internacional y la incertidumbre frente a la continuidad de algunas entidades encargadas de ejecutar estos programas.
¿Qué halló la Contraloría sobre el presupuesto para programas de cuidado rural?
La Contraloría encontró que solo la mitad de las instituciones del sector agropecuario e inclusión social cuenta con presupuesto definido para operar programas relacionados con el cuidado, situación que podría afectar la sostenibilidad de estas iniciativas.
