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La Contraloría General de la República advirtió sobre el bajo avance de la política pública de reparación colectiva en Colombia y señaló que, al ritmo actual de ejecución, miles de comunidades podrían quedar sin culminar sus procesos antes del vencimiento de la Ley 1448 de 2011 en 2031.
El organismo presentó un balance sobre la implementación del programa entre 2018 y 2025, en el que identificó retrasos estructurales, baja ejecución presupuestal y problemas de coordinación institucional.
Según las cifras presentadas por la Contraloría, de los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva reconocidos en el país hasta agosto de 2025, únicamente 60 han logrado culminar la implementación de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva, lo que representa apenas el 5% del total registrado.
El análisis también proyecta que, si se mantiene la tendencia actual, para 2031 solo el 9,4% de los procesos habrán sido concluidos. Esto dejaría pendientes a más de 1.645 colectivos en distintas regiones del país, en medio de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de reparación a víctimas del conflicto armado.
La entidad señaló que el tiempo promedio requerido para cerrar efectivamente un Plan Integral de Reparación Colectiva ronda los diez años, una cifra que duplica los plazos previstos en la normativa vigente. El retraso, según el informe, prolonga la afectación sobre las comunidades y genera nuevos escenarios de revictimización.
Baja ejecución de recursos y retrasos en medidas materiales
El balance de la Contraloría también evidenció dificultades en el uso de los recursos asignados para la reparación colectiva. Entre 2018 y 2025, la Unidad para las Víctimasrecibió más de $930 mil millones destinados a este programa, pero solo se ejecutaron cerca de $539 mil millones, equivalente al 58% del presupuesto disponible.
La revisión de las acciones incluidas en los planes de reparación mostró que solo se ha ejecutado el 21,94% de las medidas contempladas, pese a que existen más de 18.800 acciones programadas en todo el país.
Entre los componentes con menor avance aparecen las medidas de restitución, relacionadas con infraestructura, recuperación de bienes y proyectos productivos. Aunque representan el 44% de las acciones incluidas en los planes, apenas registran un cumplimiento del 16,19%.
En contraste, las medidas de indemnización dirigidas a sujetos colectivos étnicos superan el 50% de ejecución. Para la Contraloría, esta diferencia evidencia un desequilibrio en la implementación de la política pública y una distribución desigual de los beneficiosentre comunidades étnicas y no étnicas.
El organismo además indicó que, hasta la fecha, no existen resoluciones de asignación de recursos dirigidas a sujetos colectivos no étnicos, situación que, según el análisis, plantea interrogantes sobre la cobertura y coherencia de la política de reparación.
Problemas operativos y falta de coordinación institucional
La Contraloría identificó múltiples factores administrativos e institucionales que estarían afectando el avance de los procesos. Uno de los principales corresponde a la alta rotación del personal técnico encargado de acompañar las rutas de reparación colectiva.
De acuerdo con el estudio, la no renovación de contratos y los cambios constantes de profesionales generan pérdida de conocimiento, interrupciones en los procesos y desconfianza entre las comunidades.
Durante el trabajo de campo realizado en Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá, varias comunidades manifestaron que los cambios de funcionarios han obligado a reiniciar diagnósticos y repetir etapas ya adelantadas.
A esto se suma la contratación tardía de personal, que en varios casos se concentra entre abril y mayo de cada año, lo que retrasa el cumplimiento de actividades programadas.
El informe también advirtió una coordinación insuficiente entre las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La implementación de las medidas requiere articulación entre más de 50 entidades, pero, según el organismo de control, las transiciones entre fases son lentas y dependen de procedimientos que no están estandarizados.
La Contraloría encontró además incumplimientos reiterados de compromisos adquiridos por distintas entidades y problemas en los sistemas de información, debido a registros desactualizados e inconsistencias que dificultan el seguimiento y la trazabilidad de los procesos.
Frente a este panorama, la entidad reiteró la necesidad de adoptar medidas urgentes para fortalecer la capacidad operativa del sistema, garantizar estabilidad al personal técnico y mejorar la planeación presupuestal.
También señaló que el Estado deberá buscar nuevas fuentes de financiación para avanzar en la reparación integral de las comunidades pendientes, un proceso que podría requerir recursos cercanos a los $9 billones a precios constantes de 2025.
Claves de este tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Contraloría alertó sobre el atraso en la reparación colectiva en Colombia?
La Contraloría General de la República advirtió que solo 60 de los 1.197 sujetos de reparación colectiva han terminado sus procesos, lo que representa apenas el 5% del total reconocido en el país.
¿Cuántas comunidades seguirían pendientes de reparación colectiva en 2031?
La proyección de la Contraloría indica que, si continúa el ritmo actual, más de 1.645 comunidades quedarían sin culminar sus procesos de reparación colectiva al finalizar la vigencia de la Ley 1448.
¿Cuánto presupuesto ejecutó la Unidad para las Víctimas en reparación colectiva?
Entre 2018 y 2025, la Unidad para las Víctimas recibió más de 930 mil millones de pesos para reparación colectiva, pero solo ejecutó el 58% de los recursos asignados.
¿Cuáles son las principales fallas detectadas por la Contraloría en reparación colectiva?
El organismo de control señaló problemas como alta rotación de personal técnico, retrasos en contratación, baja coordinación entre entidades y fallas en los sistemas de información que afectan el avance de los procesos.
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