Las Bases Camioneras de Colombia, firmantes del acuerdo que puso fin al Paro Nacional Camionero de 2024, expusieron una serie de denuncias relacionadas con el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y advirtieron sobre una situación que, según el gremio, pone en riesgo la continuidad del sector transporte de carga en el país. El pronunciamiento está dirigido al presidente Gustavo Petro y a la opinión pública nacional e internacional, y plantea una alerta por lo que califican como un deterioro estructural de las condiciones económicas, operativas y de seguridad para los transportadores.
De acuerdo con las bases camioneras, el sector ha cumplido con la entrega de información técnica y con su participación en los espacios de diálogo, pero no ha recibido respuestas efectivas por parte de las autoridades encargadas de ejecutar lo pactado.
En particular, señalan fallas en la articulación institucional liderada por el Ministerio de Transporte, lo que, aseguran, ha impedido que los compromisos se traduzcan en medidas concretas. Según el gremio, esta situación afecta directamente a más de 2,5 millones de familias que dependen del transporte de carga en Colombia.
Sistema de costos, controles e incumplimientos institucionales
Uno de los principales puntos señalados por las Bases Camioneras de Colombia es el funcionamiento del SICE-TAC, el sistema oficial para calcular los costos del transporte de carga. El gremio afirma que el sistema presenta parámetros técnicos que no reflejan la realidad del sector, como el aumento en el número de viajes estimados, la reducción en los consumos de combustible por ruta y la subvaloración de costos de mantenimiento y de los vehículos. Estas condiciones, según indican, obligan a conductores y pequeños transportadores a operar con pérdidas económicas y jornadas laborales excesivas.
En el mismo eje, las bases camioneras denuncian la falta de acción de los organismos de control frente a prácticas ilegales, como evasión de impuestos, contratos irregulares, descuentos no autorizados y abuso de posición dominante por parte de algunos actores del sector.
También advierten sobre irregularidades en el subsector de volquetas, donde se reportan homologaciones de vehículos con capacidades superiores a las permitidas y condiciones contractuales que, según el gremio, afectan a los transportadores independientes en obras públicas y privadas.
Costos, logística portuaria y seguridad en las vías
Otro aspecto es el incumplimiento de compromisos por parte de los ministerios de Hacienda y de Comercio, cuyas decisiones, de acuerdo con las bases camioneras, han incrementado los costos de operación. Entre estos puntos se mencionan el aumento del precio del ACPM por encima de lo pactado y procesos relacionados con la importación de llantas que, según el gremio, impactan negativamente al sector y a la cadena productiva.
Las Bases Camioneras de Colombia también describen problemas logísticos en los puertos y patios de contenedores, especialmente en Buenaventura y en ciudades como Medellín. Señalan congestión, demoras en los descargues, uso de los camiones como bodegas temporales y cobros adicionales que generan sobrecostos. A esto se suma, según el gremio, la falta de control por parte de las autoridades competentes.
El gremio expone una grave situación de seguridad y derechos humanos. Las bases camioneras reportan asesinatos de conductores en los últimos años, así como casos de extorsión, incineración de vehículos y amenazas contra líderes del sector. El gremio solicita acciones inmediatas para garantizar la vida, la seguridad y el derecho al trabajo de los transportadores, además de la intervención de los organismos de control y justicia para atender las denuncias planteadas.