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Luego de la revocatoria total de autorización de funcionamiento del Programa de Salud de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa por el término de dos años para su liquidación.
A Comfacor le fue confirmada su revocatoria de funcionamiento el 15 de febrero de 2019, porque representaba un riesgo para la salud y la vida de los usuarios y los recursos del sistema, en los seis departamentos donde operaba y atendía a 534.593 afiliados.
En Córdoba, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y Sucre, el programa de salud de la Caja de Compensación de Córdoba sumaba 522.967 afiliados en el régimen subsidiado y 11.626 por movilidad, quienes fueron traslados a las EPS: Mutual Ser, Nueva EPS, Cajacopi y Coosalud. “Desde el pasado 31 de marzo, cuando Comfacor terminó el traslado de los afiliados a las otras EPS, inició la segunda fase en este proceso, que es liquidación del Programa de Salud”, afirmó el delegado para las Medidas Especiales (E) de la Supersalud, Germán Augusto Guerrero Gómez.
El funcionario agregó que el propósito del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, “es avanzar con el proceso de depuración de las EPS que no le están cumpliendo a los colombianos y de esta manera continuar en la mejoría del Sistema de Salud”.
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De acuerdo con el acto administrativo 7184 de 2019 que ordena la medida, se designó como Liquidador a Jorge Orlando Bernal Guacaneme, actual representante legal de Comfacor y, como contralor, a Never Enrique Mejía, representante legal de la firma Sociedad de Auditorías & Consultorías S.A.-SAC Consulting S.A.S.
En Comfacor, la Contraloría descubrió que los dineros de la salud se utilizaron para el pago de publicidad, honorarios por administración delegada, gastos de nómina extralegales (lo cual está prohibido utilizando los recursos de la salud) y hasta patrocinios de campeonatos de fútbol, reinados de belleza, un torneo de boxeo y la fiesta del Río Sinú, entre otros eventos ajenos al servicio de salud para sus afiliados.
“Esta es una de las EPS a las que se le dio oportunidad de corregir el rumbo y no lo hizo. Dos años y medio de intervención, tres prórrogas a la medida preventiva especial de vigilancia y no mejoró”, afirmó el superintendente Fabio Aristizábal.
