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En octubre próximo se vence el plazo y que le dio la Corte Constitucional al Gobierno para que regule y entre en vigencia la práctica del aborto en el país, en los tres casos despenalizados por este alto tribunal.
La Corte emitió la sentencia del año pasado en la que mantuvo las condiciones que existen el país desde hace doce años para poder acceder a la práctica del aborto en el país, dándole la razón en su momento a organizaciones de mujeres que pedían no poner límites al procedimiento.
El fallo señala: “ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que, en el término de seis meses, contados desde la notificación de esta providencia, emita una regulación única la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados”.
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Es decir, el aborto debe permitirse cuando exista malformación del feto, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre y cuando se evidencie que el embarazo fue producto de una violación.
Al respecto, la organización Human Right Watch señaló que Colombia "no debería imponer ninguna restricción al aborto", pues estaría interfiriendo con los derechos humanos de las mujeres.
La organización internacional, además, señalo en un concepto que envió a la Corte que “negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminacion” a la luz del derecho internacional.
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Además consideró que “la negación del acceso al aborto seguro y legal pone en riesgo la vida de mujeres y niñas”.
El concepto se dio en medio del estudio de una tutela que adelantó la Corte que podría legitimizar el aborto en el país después de los tres meses de gestación.
