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En los últimos días, Argentina pasó a convertirse en otro de los países que perdió la batalla frente a la legalización del aborto. Con 31 votos a favor frente a 38 en contra, el Senado decidió rechazar la ley que buscaba legalizar el aborto hasta la semana 14.
En los últimos años poco se ha tratado el tema en nuestro país, lo que ha producido un aumento en los índices de desinformación respecto a las ocasiones en que es legal realizar un aborto en Colombia.
En el país, la Corte Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida bajo la sentencia C-355 de 2006, en el que se decretan tres circunstancias en que la interrupción voluntaria del embarazo es permitida:
- Cuando el embarazo pone en peligro la salud, física o mental, de la mujer, o su vida.
- Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto.
- Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.
Este año la ley cumplió doce años desde que fue aprobada, sin que se hayan vuelto a realizar modificaciones a la sentencia.
Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren 47.000 mujeres a causa de un procedimiento mal realizado. De esas interrupciones, tres de cada cuatro ocurren en países de América latina y África.
En Colombia, según cifras del Ministerio de Salud se reciben aproximadamente 100.000 consultas al año de mujeres que tienen alguna complicación al momento de realizarse un aborto de forma clandestina.
Al respecto, el doctor Fidel Alfonso Morales, coordinador del área de abortos de Profamilia, indicó que el acceso de las mujeres a los servicios se ha ido ampliando muy lentamente desde la aprobación de la sentencia y que la sociedad todavía ve el aborto en cualquier situación como un delito, sin conocer el verdadero alcance de la norma.
Según Morales, en Profamilia en el año 2017 se realizaron más de 10.000 interrupciones de embarazo en todo el país, siendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla las principales ciudades en las que se realizó esta práctica.
Asimismo, el médico indicó que la mayor barrera que existe en el país para que una mujer acuda a un centro de aborto seguro es la desinformación, lo que hace que el índice de abortos ilegales en el país sea aproximadamente de 400.000 casos al año, convirtiendo esto es un problema de salud pública.
Por su parte, María Mercedes Vivas, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Oriéntame, IPS encargada de prestar servicios de salud sexual y reproductiva especialmente en la prevención y manejo del embarazo no deseado, indicó que en la organización para el año 2015 se realizaron 8896 interrupciones de embarazo, de los cuales tres casos fueron causa de una violación siendo las mujeres entre los 19 y 24 años quienes más solicitaron el servicio.
De igual forma, señala Vivas que otra de las barreras que existen a la hora de realizar una interrupción del embarazo de forma segura es la brecha y costo que tienen estas prácticas.
Según la directora de Oriéntame, un procedimiento en Colombia cuesta entre $200.000 y $500.000, precios que pueden variar según el lugar en que se realice y las condiciones de seguridad respectivas.
A pesar de que en el país ya hay una reglamentación con la ley C-355, que de acuerdo con el doctor Morales es referencia en Latinoamérica, es necesario fortalecer los servicios anticonceptivos tanto para las mujeres como para los proveedores de servicios para mejorar la información sobre el uso correcto y consistente de los anticonceptivos con el fin de obtener una mayor eficacia en el uso actual de los métodos.
Igualmente, es necesario realizar campañas sobre el alcance de la norma para de esta forma combatir la desinformación tanto para las mujeres gestantes como para las entidades de salud del país.
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