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La Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones en torno a las denuncias sobre supuestos actos de corrupción en la junta directiva de la EPS Coossalud.
Esta indagación se origina de las denuncias realizadas por el superintendente nacional de salud, Giovanny Rubiano, quien hizo referencia a supuestas irregularidades en la EPS Coosalud e indicó que la entidad pagó un crédito con recursos del sistema de salud que había adquirido con una entidad bancaria.
El funcionario aseguró que el representante de la EPS Coosalud, Jaime González, es el mismo dueño de la empresa Coosalud Inversa S.A. a la que le debían 221 mil millones de pesos.
Estos hechos están siendo indagados por la Unidad Anticorrupción y el grupo de tareas especiales que adelanta labores judiciales en relación con irregularidades en EPS y el sector salud.
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“En diciembre del año 2022 se suscribió un crédito de banco del banco GNB Sudameris S.A. y la compañía Coosalud Inversa sociedad anónima en ese contrato de crédito Coosalud EPS se registra como garante, la EPS con dineros públicos sirve como fiador de una empresa privada, posteriormente en noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito y anuncia la posibilidad de usar los recursos del fideicomiso relacionados con Coosalud para cubrir la deuda lo que concretó dos días antes de la intervención con la transferencia de 206 mil millones de pesos”, sostuvo.
El superintendente González hizo énfasis en que el mismo representante legal de la EPS era al que le tenían la deuda.
“El represente legal de Coosalud EPS se llama Jaime González durante la firma del contrato, también tenía la representación legal de la empresa deudora que era la privada que pide el crédito y lo respalda la EPS con dineros públicos”, señaló.
Añadió que hay otros pagos de presuntos desvíos de recursos que están siendo investigados por parte del nuevo agente interventor.
De igual forma, la Fiscalía indaga las denuncias formuladas por el presidente Gustavo Petro al señalar a la junta directiva de Coosalud de supuestamente haber "refundido" cerca de 200.000 millones de pesos.
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Por su parte, los miembros de la junta aseguraron que dicha afirmación carece de sustento y exigieron una rectificación, además de cuestionar la denuncia realizada por la Superintendencia de Salud.
Adicionalmente, se indagan las denuncias que salpican a Mario Urán, exasesor de Coosalud con el supuesto uso de correos electrónicos de la entidad, con los cuales presuntamente impartía órdenes de cómo manejar la salud en diferentes EPS intervenidas en el país.
