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Aunque la Corte Constitucional decidió tumbar, por vicios de trámite, una ley que había sido aprobada y que tenía como propósito eliminar el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3, la iniciativa volvió a ser presentada en el Congreso.
El presidente del Senado, Lidio García, radicó el texto de la propuesta, advirtiendo que en esta oportunidad no se cometerán errores para sacarlo adelante.
Según García, no es posible que las empresas prestadoras de los servicios públicos estén ganando millonarios recursos a costa de las personas más pobres en Colombia.
“No puede ser posible que una familia de estrato 1, 2 o 3 no tengan 22.000, 20.000 o 16.000 pesos para pagar un recibo de cualquier servicio público, le corten el servicio y luego les llegue un castigo por ser pobre, un cobro por reconexión de hasta más de 50.000 pesos”, indicó.
Y añadió: “Cortarle un servicio público a la gente pobre en Colombia se le convirtió en el gran negocio a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios”.
“Sin prestar ningún servicio están recibiendo entre 70.000 y 80.000 millones de pesos al año en reconexión y en este país y en todos los países del mundo no le cortan los servicios a los estratos 4, 5 y 6, sino a los más necesitados, que tienen que coger esos 20.000 pesos porque no tienen para la comida de sus hijos en el día”, sentenció.
El senador Lidio García dijo que es inconcebible que las compañías de servicios públicos estén haciendo tanto dinero a costa de los más necesitados.
“Hoy muchas veces es más rentable para las empresas hacer cortes, que prestar un servicio. Es un proyecto social que no tiene enemigos, los únicos enemigos son las empresas prestadoras de los servicios, no la gente del común”, enfatizó el presidente del Senado.
García hizo un llamado a los senadores y representantes a la Cámara para que aprueben cuanto antes esta iniciativa y le pidió a la Corte Constitucional no negarle este beneficio a los estratos 1, 2 y 3.
En su momento la ley fue objetada por el entonces presidente Juan Manuel Santos, el Congreso no aceptó las objeciones y el alto tribunal terminó tumbando la norma.
