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La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, advirtió que la Reforma Pensional, y su votación en la plenaria de la corporación, volvió a quedar viciada, en el trámite que se dio entre el 27 y el 28 de junio, porque se convocó a las sesiones extraordinarias con una decisión de la Corte Constitucional que no tenía las firmas de los magistrados.
De acuerdo con la congresista, se convocó a sesiones extraordinarias a la Cámara de Representantes, de forma “ilegal” y “por medio de un decreto presidencial, y una decisión del Presidente de la Cámara, soportada en un comunicado que muestra el “resuelve” de un auto que, hasta ayer, no ha sido firmado por los magistrados que autorizan lo allí escrito”, puntualizó a través de su cuenta de X.
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En el mensaje, que lleva por encabezado: “𝐋𝐚 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐑𝐞𝐢𝐧𝐚: con absoluto conocimiento, dolo y mala intención, ellos han vuelto a viciar la Reforma Pensional", la vicerpresidenta Garrido también le sumó una respuesta que le entregó la Corte Constitucional, donde se confirman que “3.- A las comunicaciones no se anexó ningún archivo distinto a los oficios CP-No. 040 y CP-No. 041 del 27 de junio de 2025. Es de anotar que el auto de Sala Plena No. 841 del 17 de junio de 2025 se encuentra en trámite de documentación y recolección de firmas”, es decir, las sesiones fueron convocadas sin que el auto del Alto Tribunal hubiera llegado a la corporación.
Ante la delicada situación, para la representante Lina María Garrido, “procedieron única y exclusivamente con lo que escribió la jefe de comunicaciones de la Corte Constitucional. Pues sin firma del auto, la decisión y la actuación no están legalizadas puesto que ni siquiera se ha proferido oficialmente el auto 841 de 2025”.
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Así las cosas, la Reforma Pensional sigue en vilo, pues a esta polémica se suma que el orden del día, cuando se anunció el proyecto, nunca se aprobó por falta de quórum en la plenaria de la Cámara, y se desconoce si el trámite que le dio la corporación subsanó o no el vicio que advirtió en su momento la Corte Constitucional.
