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La sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas comenzó citada a la 1:30 p. m., con la intención de adelantar la discusión antes de la plenaria legislativa. Sin embargo, la jornada se extendió durante más de 40 minutos mientras los secretarios de las cuatro comisiones llamaban lista repetidamente para intentar conformar el quórum decisorio.
El presidente de la sesión, Wilmer Castellanos, estuvo atento a las ausencias. La falta de parlamentarios, según algunos congresistas, se debió a dificultades en los itinerarios de transporte aéreo, pues muchos regresan de sus regiones los martes.
Finalmente, cuando se logró reunir el quórum, varios congresistas pidieron levantar la sesión para atender las plenarias de Senado y Cámara. La discusión de la Ley de Financiamiento quedó pendiente y se prevé que se retome en los próximos días, una vez se resuelvan los aspectos relacionados con la asistencia y el trámite administrativo.
La mesa directiva indicó que, pese a las discrepancias, el proyecto quedó anunciado en la plenaria de la Cámara de Representantes, aunque la discusión no se desarrolló durante la jornada. Tres ponencias fueron radicadas: una negativa de la representante Katerine Miranda, una de archivo presentada por integrantes de la Comisión Tercera del Senado y una tercera ponencia a favor del Gobierno aspira a recaudar 16,3 billones de pesos, tras la reducción de 10 billones de pesos frente a la propuesta original presentada por el Ejecutivo.
El senador Carlos Meisel manifestó su preocupación sobre la validez del trámite: “Anunciaron el problema tramitario sin acatar la orden de verificar el quórum. Es decir, anunciaron un proyecto de ley común, que exige el trámite legislativo, sin acatar la moción de orden que estábamos pidiendo muchos sobre la verificación del quórum en las cuatro comisiones. Hacen las cosas a las patadas, después llega la justicia, mete en cintura y les tumba las cosas”.
Ajustes del Gobierno al texto
Durante las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda introdujo cambios a la propuesta original. Entre las modificaciones planteadas se encuentra la decisión de no imponer impuestos a los combustibles, lo que implicaría dejar de percibir más de $2,6 billones en ingresos previstos al inicio del diseño fiscal.
También se redujo el alcance de los aumentos en los impuestos al tabaco y a la cerveza, cuyo recaudo proyectado bajó de $7,8 billones a $3,1 billones. En alivios tributarios, la meta pasó de $6,3 billones a $3,7 billones.
Frente al impuesto de renta, se mantuvo la progresividad propuesta, con tarifas entre 19 % para ingresos mensuales cercanos a $6,5 millones y 41 % para los estratos más altos.
Hay temas aún sin resolver, como el cobro del IVA del 19 % a vehículos híbridos que hoy pagan 5 % y el impuesto a actividades económicas desarrolladas por iglesias, como alquiler de salones, planes turísticos o venta de publicaciones
