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La propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente abrió un nuevo frente de debate político en Colombia. En el programa radial Rounds FM, dos voces desde orillas opuestas confrontaron sus posturas sobre la iniciativa: la senadora electa Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, y el representante a la Cámara Heráclito Landinez, del Pacto Histórico.
El intercambio, marcado por un formato de “toma y dame”, giró en torno a la legalidad, la conveniencia y los alcances políticos de una eventual constituyente. Mientras uno defendió su legitimidad como mecanismo constitucional, la otra cuestionó su pertinencia y los riesgos institucionales que implicaría.
Legalidad vs. conveniencia: el punto de partida
El primero en intervenir fue Landinez, quien defendió el mecanismo desde su base jurídica: “es legítimo y es legal”. Argumentó que la convocatoria a una asamblea constituyente está contemplada en la Constitución y debe seguir un proceso que incluye recolección de firmas, trámite en el Congreso y revisión de la Corte Constitucional. En su visión, el presidente actúa como “cualquier otro ciudadano” que respalda reformas que, según él, no han prosperado por la resistencia de sectores políticos.
Zuleta respondió marcando una diferencia clave: “Lo que está en discusión no es si la Asamblea Nacional Constituyente es legal o es legítima”. Para la senadora electa, el debate real es si resulta “conveniente en términos políticos, jurídicos y sociales”. Su respuesta fue tajante: “claramente no es conveniente”, al considerar que abriría una “caja de Pandora” que pondría en riesgo el equilibrio de poderes.
Reformas bloqueadas vs. vías institucionales
Landinez insistió en que la constituyente se justifica ante el bloqueo de reformas estructurales. Señaló que iniciativas como la reforma a la salud no avanzaron y que otras, como la pensional, enfrentan demandas. “Tenemos que hacer esa gran reforma en lo político”, afirmó, sugiriendo incluso cambios como la eliminación de instancias electorales y ajustes en la organización territorial.
Zuleta replicó que el argumento desconoce la dinámica democrática. Recordó que el Gobierno sí logró aprobar reformas clave cuando tuvo mayorías: “cuando se construyen mayorías... claro que el Congreso es la vía legítima”. A su juicio, acudir a una constituyente por falta de consensos equivale a un “atajo constitucional” que desconoce la separación de poderes.
Modelo constitucional en disputa
El debate escaló hacia el modelo de Estado. Landinez planteó que la Constitución de 1991 ha sido transformada en sentido conservador y que hoy responde a intereses particulares, especialmente en sectores como salud y educación. Propuso incluso un “congreso unicameral” como parte de una transformación estructural.
Zuleta cuestionó que estos planteamientos no coincidan con lo anunciado por el presidente. “Es ahí el peligro de esta convocatoria”, advirtió, al señalar que el alcance real podría desbordar los temas inicialmente planteados. Defendió que la Constitución actual no es antisocial y sostuvo que el problema no es normativo sino de gestión: “Lo que nos ha hecho falta es mejor gobierno, gerencia pública, transparencia”.
Cierre: participación vs. desconfianza política
En el cierre del debate, Landinez apeló a la participación ciudadana: “¿Cómo va a ser un peligro formar la propia constitución entre todos los colombianos?”. Reiteró que el proceso tendría controles institucionales y que no debería generar temor.
Zuleta, por su parte, centró su conclusión en la legitimidad política del Gobierno. Afirmó que existe una “contradicción política enorme” en impulsar una reforma constitucional para combatir la corrupción cuando, según dijo, hay figuras del oficialismo cuestionadas judicialmente.
El intercambio dejó en evidencia dos visiones opuestas: una que ve en la constituyente una salida a los bloqueos del sistema político, y otra que la considera un riesgo innecesario frente a mecanismos institucionales ya existentes.
