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La Registraduría Nacional del Estado Civil puso fin a la incertidumbre jurídica que había generado un fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre la consulta popular del Pacto Histórico para escoger a su candidato presidencial y definir el orden de las listas al Senado y la Cámara de Representantes.
Tras una reunión del registrador Hernán Penagos con los integrantes de esa coalición política, la organización electoral determinó seguir adelante con la preparación de las elecciones previstas para el 26 de octubre.
“La consulta no se ha suspendido por ningún órgano judicial y, por esta razón, se debe avanzar en su organización logística. Este espacio de diálogo contó con el acompañamiento de delegados de la Procuraduría General de la Nación”, explicó la Registraduría.
La consulta popular tendrá un costo que supera los 200 mil millones de pesos. Según la entidad, ya se ha avanzado en la logística tras las medidas cautelares que había dictado una magistrada de ese mismo tribunal y que autorizaron la inscripción de Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.
“Técnicamente, la solicitud de la consulta fue realizada por los diferentes representantes de los partidos y por los partidos políticos. Estas consultas están legalmente establecidas para ser realizadas por los partidos, por lo tanto, habrá consultas de los partidos el próximo 26 de octubre”, señaló el delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez.
Más temprano, el precandidato presidencial Iván Cepeda había confirmado que se llevaría a cabo este ejercicio de participación ciudadana.
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“Sí va a haber consulta. Es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro: no hay ninguna orden dirigida al señor registrador que diga que se debe suspender la preparación de la consulta”, afirmó.
Cabe mencionar que el ganador de esta consulta popular será el candidato del Pacto Histórico que competirá en el frente amplio, otra consulta que se realizará en marzo de 2026 para definir un candidato único de la centroizquierda.
