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El pasado 10 de febrero se radicó ante el Congreso de la República la reforma a la salud, texto que ha generado controversia en este sector por cuenta de los grandes cambios que tendría el sistema de las EPS y lo que trae consigo en la medicina prepagada.
De acuerdo a varios expertos, esta modalidad, que consiste en planes con coberturas más amplias en las que, un paciente no necesita pasar por medicina general para acceder a especialistas y tiene acceso a una red hospitalaria exclusiva o con clínicas VIP, ya no funcionaría con normalidad.
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Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 148 de la reforma, se estableció que "las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios, bajo las reglas y normas de funcionamiento, financiación y prestación de servicios que los rigen".
Del mismo modo, el texto plantea que los usuarios de estos servicios 'premium'no tendrán prioridad cuando utilicen el sistema de salud público.
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“Los servicios de medicina prepagada y seguros privados seguirán funcionando conforme a las normas que los rigen, los afiliados no tendrán prelación alguna frente al sistema de salud y los derechos que adquieren, en cumplimiento del principio de igualdad”, señala la reforma en su capítulo XVIII.
Por su parte, la ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó que los servicios prepagados son independientes y hacen parte de un contrato privado, que no tienen modificación por el proyecto de ley que presentó para reformar estructuralmente el sistema, por lo que el cambio en las cuotas y demás servicios lo definirá la entidad prestadora.
