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En el Congreso de la República está pendiente de discutirse una polémica reforma constitucional con la cual se pretende ampliar a cinco años los periodos del presidente de la República, alcaldes, gobernadores y otros altos funcionarios del país.
La iniciativa fue radicada por el senador Germán Blanco y otros congresistas de diferentes partidos, que proponen que dicha ampliación de periodos empiece a regir a partir del año 2030 en Colombia, lo que quiere decir que no aplicará para los actuales gobiernos, tal y como se había propuesto en años anteriores.
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“Lo dispuesto en el presente Acto Legislativo solo le será aplicable a los cargos a elegir o proveer, por finalización del periodo constitucional, a partir del 1 de enero del 2030. Por lo que no se prolongara el mandato de quienes fuesen elegidos anteriormente de dicha fecha”, señala el texto de la norma.
Pero no solo aplicaría para los funcionarios elegidos en la rama ejecutiva, también se beneficiarían con la ampliación del periodo los congresistas, el fiscal general la Nación, el procurador, el contralor, el registrador, el defensor del Pueblo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, los concejales, entre otros funcionarios del Estado.
De hecho, Asocapitales volvió a poner sobre la mesa la necesidad de ampliar los periodos a través de Luz María Zapata, presidenta de esa agremiación, que en una reciente entrevista señaló que cuatro años no son suficientes para planear y poner en ejecución los proyectos para el beneficio de la ciudadanía.
“Lo que nos encantaría es ampliar los periodos a cinco años. Desde la planeación, hemos hecho la cuenta y para que un alcalde corte la cinta de algo que propuso como candidato, son cinco años. En cuatro se hace lo que pasa hoy, un alcalde deja unas obras y el alcalde entrante es el que corta la cinta. Difícilmente se entregan obras en un mismo periodo”, indicó en diálogo con el medio Pulzo.
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Sin embargo, se debe aclarar que este proyecto de reforma constitucional y está prácticamente muerto, ya que por tratarse de un acto legislativo, el mismo debió ser aprobado en sus primeros cuatro debates antes del 16 de diciembre, fecha en que termina la legislatura ordinaria y ya es imposible que ello ocurra en este 2023.
Esto quiere decir que la iniciativa tendrá que volver a ser radicada a mediados de febrero de 2024, cuando el Congreso retome labores en sesiones ordinarias.
