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La Cámara de Representantes aprobó, con 97 votos en favor y 16 en contra, el articulado del proyecto de la Ley TIC, presentado por el Gobierno Nacional.
El proyecto pasará a sanción presidencial ya que fue aprobado con el mismo texto fue votado en Senado, por lo que no es necesaria la conciliación entre las cámaras.
De acuerdo con la ministra de las TIC, Silvia Constaín, la ley va a favorecer la conectividad de más de 20 millones de ciudadanos que tienen acceso en la actualidad a la misma. “Vamos a llegar a las zonas más lejanas del país, las cuales les vamos a permitir conectarse”, señaló.
“Vamos a proteger la televisión y la radiodifusión pública, además modernizar el sistema de comunicaciones y poner a Colombia a la vanguardia. Estamos generando posibilidades para llegar con conectividad a las áreas rurales”, dijo la Ministra.
Constaín defendió el proyecto de ley aprobado frente a los señalamientos que indican que la norma atenta contra la televisión pública. “Es todo lo opuesto. Hay recursos para la televisión pública que antes no tenía, habrá un crecimiento por el IPC y recursos para los canales regionales del que les permite facilitar su funcionamiento”.
Por su parte, la representante María José Pizarro señaló que el proyecto fue ‘pupitreado’ y no se permitió el debate “ni la discusión de las proposiciones que podrían mejorar el proyecto de ley”. Advirtió además que solo se tuvieron en cuenta las modificaciones presentadas por los partidos de gobierno.
Denunció además que “había serios cuestionamientos por parte de la Contraloría como el costo del detrimento patrimonial que supondrá indemnizar a las personas que componen la Autoridad Nacional de Televisión, que deja de existir. Hay temas de licencias ambientales que no se tuvieron en cuenta y por eso pedíamos que todos los representantes conocieran el concepto de la Procuraduría, pero no nos dieron opción de posponer”.
El proyecto también contempla la creación de una comisión conformada por cinco representantes elegidos por el Gobierno “tres a partir de la Función Pública, uno por el Ministerio de las TIC y otro por el presidente de la República, es decir que se le entrega la regulación de los contenidos al ejecutivo”, indicó Pizarro.
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